El 18 de febrero, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y representantes de distintos gremios dirigieron una carta al presidente de la República solicitando formalmente “que autorice y genere las condiciones necesarias, lo antes posible, para que los gobiernos locales y las empresas privadas puedan iniciar los procesos de compra e importación de vacunas”. La idea era que la empresa privada pueda vacunar a sus trabajadores y el Municipio atender a los sectores más vulnerables.
Catorce días después, el Ministerio de Salud Pública ha comunicado a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) los trámites que deben realizar si quieren ser autorizados para importar y aplicar las vacunas a los habitantes de su cantón: hacer una solicitud formal al Ministerio, acompañando una carta oficial del o los laboratorios productores de las vacunas estableciendo el tipo de vacuna y su disponibilidad; luego, el Ministerio solicitará la revisión a la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), que verificará que las vacunas cumplan con la aprobación de instituciones sanitarias de referencia global como la OMS (Organización Mundial de la Salud), la EMA (Unión Europea) y la FDA (Estados Unidos), para luego autorizar la importación. Aclara que las iniciativas municipales deben articularse con el Sistema de Salud Pública.
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Se entienden las precauciones, puesto que al Estado le corresponde garantizar la buena atención a la salud de los ciudadanos, lo que también incluye hacerlo oportunamente; salvar vidas, a veces, es una lucha contra el tiempo. Todo es urgente y debe tratarse como tal, no se trata de saltarse lo que dice la ley, pero sí de pedir que se cumpla ágilmente. Por cada día de retraso, considerando solo los que han tenido acceso a atención médica, en Guayaquil, mueren once personas a causa del COVID-19. Es urgente incorporar a los municipios que puedan hacerlo, para salvar vidas y para reactivar la economía, lo que también mejorará las condiciones de vida de los ecuatorianos. (O)