Tras el amotinamiento en el centro de rehabilitación social Bellavista, de Santo Domingo de los Tsáchilas, se contabilizaban 44 internos fallecidos y más de una docena de heridos. El ministro del Interior señaló que los reclusos provocaron esta nueva masacre con el objetivo de escapar. 220 fugaron; de ellos, 112 fueron recapturados.
El macabro motín podría ser evidencia de que el Estado no consigue avanzar en el plan para recuperar el control de las cárceles o que, por el contrario, empieza a haber cambios y las estructuras criminales reaccionan con desesperación. Como fuere, la percepción no es halagüeña.
La mayoría de los asesinatos se cometieron con arma blanca, según el Gobierno, pero no es novedad que las armas de fuego siguen ingresando a las cárceles. Esta vez se encontraron 4 fusiles, 3 pistolas, 1 revólver, 4 granadas, municiones y alimentadoras.
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¿El descontrol en las cárceles se debe a incapacidad, corrupción o a su mixtura? Este no empezó a partir del presente Gobierno. En junio del 2019, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos recordaba que “de los hechos ocurridos en más de una década se constata que en el interior de algunos centros carcelarios se han constituido y desarrollado auténticas mafias, que se disputan el control real del sistema penitenciario para lucrarse a través del tráfico de drogas, alcohol, armas, extorsiones, ingreso de celulares y objetos prohibidos. Durante el accionar de estas mafias se han registrado los asesinatos en Guayaquil de Soledad Rodríguez, Eddy Henríquez y Gabys Moreno, mientras se desempeñaban como directores del centro...”.
¿Quiénes actúan en favor de los reclusos para que tengan acceso a armas, drogas, celulares, internet y coordinen masacres, fugas y muertes violentas en las calles? Responder a esa pregunta es vital, urgente, dado que se constituyen en cómplices, pues no se explican esos hechos sin la participación de elementos clave en el ámbito político, en la administración de justicia o en los cuerpos de control. (O)
