En Italia, México y Ecuador se ha reportado la emisión de certificados de vacunación contra el COVID-19 falsos, ante el requerimiento de estar inmunizados al viajar o acceder a sitios públicos.

La salud, en el contexto de la pandemia, debería ser el bien más preciado. Arriesgarla supondría irracionalidad o inconsciencia. Y quienes atentan contra ella de manera intencional con seguridad se sitúan en la orilla de la inmoralidad.

Acceder a carnés y certificados de vacunación falsificados potencia el peligro de propagar el virus y que colapsen nuevamente los hospitales. En Ecuador, hacer ese daño cuesta entre 20 y 30 dólares y se promociona a través de las redes sociales, ofreciendo incluso ingresar los datos del solicitante en el sistema del plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública.

Según una investigación de InSight Crime, organización especializada en elaborar informes sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe, los documentos de vacunación falsos parecen tener acogida entre quienes no desean vacunarse pero necesitan presentar la certificación de que lo están, con ambas dosis, o requieren que conste que se han inmunizado con una marca específica de vacuna, para cumplir con la exigencia ante la posibilidad de ingresar a países europeos.

En nuestra legislación, la falsificación de documentos se sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años. A pesar de ello, se falsifican o fabrican títulos universitarios, carnés de discapacidad, licencias de conducir, identificaciones para toda necesidad y demás documentación que confieren un aval de realidades inexistentes.

Se le suele advertir a la ciudadanía tomar precauciones para evitar estafas. Pero no puede ser estafado quien paga por obtener una certificación sin haber cumplido con los procesos debidos. El pedido debe enfocarse en no participar en la ilegalidad. Y debe reforzarse en el hogar y en todos los ámbitos de interacción social para erradicar de nuestra cultura esa práctica perniciosa. (O)