En la actualidad, dos autoridades de gran visibilidad en la ciudad capital, como son el alcalde de Quito y la prefecta de Pichincha, portan dispositivo electrónico de seguridad (grillete electrónico), como medida alternativa a la presión preventiva, mientras se los investiga por su participación en sendos presuntos delitos.

En el caso del alcalde Jorge Yunda, la acusación por peculado lo vincula a él y a otras seis personas que son investigadas como autores mediatos y coautores del delito de peculado por la compra de cien mil pruebas para la detección de COVID-19 durante la pandemia, que resultó con irregularidades.

La prefecta Paola Pabón, procesada por una rebelión durante las protestas sociales de octubre del 2019, usa grillete electrónico desde el 25 de diciembre de 2019, una vez que la presidenta subrogante de la Corte de Pichincha, Patlova Guerra, sustituyó la prisión preventiva con la colocación del grillete, la presentación periódica en la delegación judicial y la prohibición de salida del país.

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El Código Orgánico Integral Penal contempla, desde el 2014, la posibilidad de que una persona procesada pueda llevar un dispositivo electrónico, para que pueda gozar de relativa libertad mientras se realiza la investigación, al mismo tiempo que se garantiza su presencia en el proceso judicial.

Al menos una decena de funcionarios públicos han llevado el dispositivo electrónico. De los procesos que concluyeron, en todos se dictó sentencia condenatoria. Constituyen la excepción el caso del prefecto Morales, quien falleció, y el del exministro Alvarado, quien fugó burlando las seguridades del grillete.

El mensaje que subyace es que el poder entregado por el Estado a una persona para administrar activos públicos se lo debe utilizar con eficiencia y pulcritud. De lo contrario se defrauda a los ciudadanos, que son los mandantes. De ahí la necesidad de que se resuelvan los procesos de manera eficiente, para que el clima que posibilita la corrupción se despeje. (O)