Las protestas protagonizadas por los indígenas entre el 13 y el 30 de junio del 2022, mayoritariamente en provincias de la Sierra y Amazonía, fueron más violentas que pacíficas. Para condicionar al Gobierno a cumplir sus demandas, causaron sostenido daño a bienes públicos y privados, a personas, desabastecimiento e impidieron transitar, producir y comercializar, provocando enormes pérdidas al país y a los ciudadanos.

Dado que esta es una repetición de lo que el país experimentó en el cercano episodio convulso de octubre de 2019, cuyos promotores y ejecutores plenamente identificados quedaron impunes por la amnistía concedida en marzo pasado por la Asamblea Nacional, son varias las voces que piden que esta vez los responsables sí sean sancionados; de lo contrario, se incentivará la comisión de más delitos.

Paralización de un servicio público, daño a bien ajeno, ataque o resistencia, robo, tenencia y porte de armas, secuestro, lesiones, terrorismo, intimidación, sabotaje, delitos contra el agua, hurto de bienes de uso policial y militar, integrar grupos subversivos, desaparición involuntaria y homicidio son los delitos por los que hay unos 300 procesos abiertos en la Fiscalía en el contexto del paro nacional indígena.

En el marco de la firma del acuerdo alcanzado, con la intermediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, entre el Gobierno y los representantes de las agrupaciones Conaie, Feine y Fenocin para que cesen las protestas que abarcaron 18 días, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que el tema de la “criminalización” de la protesta va a quedar “bajo la buena fe, la buena voluntad del Gobierno. (...) Discutamos en la mesa, una mesa de justicia para que realmente la lucha social no sea criminalizada”.

El sábado, el ministro de Gobierno solicitó a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana su mediación para instalar las mesas de diálogo con las que se dará seguimiento a los puntos establecidos en el Acta por la Paz, firmada el 30 de junio. Se deberá tener en claro que la impunidad no consta entre los puntos anotados en la agenda. (O)