El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional utiliza el término incivilidades en referencia a la conducta de ciudadanos que contravienen las medidas dispuestas para prevenir más contagios de COVID-19, tales como participar en aglomeraciones y fiestas, libar o generar escándalos.

Si ya es deplorable que tales acciones sean cometidas por ciudadanos comunes, menospreciando la gravedad de la pandemia, resulta indignante que una autoridad de alto perfil en funciones, como el defensor del Pueblo, y un exministro de Salud pongan el mal ejemplo.

La madrugada de ayer, durante el toque de queda dispuesto en el marco del estado de excepción vigente hasta el 20 de mayo, los personajes aludidos protagonizaron un escándalo que involucra la denuncia de una mujer por ultraje. Un video registró el forcejeo y la pelea con tres implicados, causando agitación y críticas.

Mediante la red social Twitter, la Fiscalía señaló que “a pesar de que uno de los involucrados cuenta con fuero de Corte Nacional, y dada la naturaleza del caso, una fiscal experta en delitos sexuales lleva la investigación”. Mientras que la comandante general de la Policía informó que “el ciudadano M. Falconí se encuentra aprehendido en la Unidad de Flagrancia y puesto a órdenes de la autoridad competente; F. Carrión, defensor del Pueblo, está en una casa de salud con vigilancia policial”.

Han surgido expresiones de rechazo, pidiendo que se realice la investigación de rigor. Un asambleísta habló de llevar a juicio político al funcionario público y otra legisladora exigió que se trate el tema a profundidad, pues, dijo, “no podemos seguir tolerando más actos de violencia, especialmente contra las mujeres”.

La responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad, que debe ser aún más rigurosa que la personal.

Si a la ciudadanía se le exige un buen comportamiento en aras de que no atente contra el bienestar colectivo, a la autoridad no se le deben dispensar actuaciones que contrarían su deber ser. (O)