Hoy se posesionan los 137 asambleístas electos –diez días antes de que lo haga el binomio presidencial– y se conocerá el resultado de las negociaciones entre los bloques que pugnan por presidir la Asamblea y las comisiones legislativas. La opinión pública reprocha que esas negociaciones puedan ir en contra del pronunciamiento de la mayoría de los ecuatorianos en las urnas.

En las recientes elecciones generales, la votación popular respaldó en primera vuelta a los candidatos del correísmo que se inscribieron bajo el membrete de UNES (alianza Fuerza Compromiso Social-Centro Democrático), a la alianza CREO-PSC, a Pachakutik y a la Izquierda Democrática. El Poder Legislativo quedó definido en primera vuelta; el Poder Ejecutivo debió definirse en segunda vuelta, y fue así como el voto anticorreísta disperso se juntó para otorgarle la Presidencia a Guillermo Lasso, candidato de la alianza CREO-PSC.

La declaración del 21 de abril del asambleísta electo de CREO Francisco Jiménez, en torno a la posibilidad de analizar la figura del indulto como parte de las negociaciones en favor de lograr gobernabilidad, causaron tal revuelo que el autor debió aclarar: “No se ha discutido, valorado, ni previsto indulto alguno. Ofrezco disculpas si me expresé mal o si se malinterpretaron mis declaraciones”.

Sin embargo, la asambleísta más votada de UNES ha planteado la creación de una comisión de la verdad que revise lo actuado por la justicia en casos de su interés. Al respecto, varias voces han advertido que sería nefasto para el país abrir una puerta que conduzca a invalidar lo resuelto por los tribunales de justicia a cambio de una prometida gobernabilidad.

En estos días, unos y otros bloques han intentado acercamientos que luego no han resistido las exigencias de sus líderes.

Lo natural, en la línea del pronunciamiento de la mayoría de los electores en segunda vuelta, sería que la gobernabilidad la posibiliten los bloques que en conjunto representan el sentir ciudadano que los eligió para combatir la corrupción, la impunidad y legislar en favor del país. (O)