La crisis institucional en el Municipio de Quito debe encontrar una salida razonable. Hay temas por resolver en la ciudad capital, entre ellos el aumento sostenido de contagios por COVID-19 y la adquisición de nuevas pruebas para su detección, mientras se dilucidan denuncias de presuntos actos de corrupción que vinculan al alcalde Jorge Yunda, su hijo y allegados.

Para hoy está previsto reanudar la sesión del Concejo de Quito, suspendida de manera abrupta el martes por el alcalde, quien alegó falta de condiciones para continuarla, justamente cuando un grupo de concejales pedía su renuncia.

La ciudadanía quiteña ha venido conociendo actuaciones cuestionables en la presente administración de su gobierno local. Luego de un presunto peculado en la compra de pruebas para detectar el COVID-19 se filtraron unos chats en donde se muestran supuestas conversaciones de Sebastián Yunda con funcionarios municipales que luego fueron cesados.

Un grupo de concejales sostiene que el alcalde evade dar explicaciones. Por tercera vez consecutiva, la sesión del Concejo Metropolitano de Quito no pudo desarrollarse con normalidad: el 30 de marzo no se dio la sesión por falta de quórum, el 6 de abril el alcalde Yunda se reunió con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) metropolitano y el martes 13 suspendió la sesión marchándose en medio de gritos y reclamos.

Sobre los señalamientos de corrupción, Yunda pide “respeto al debido proceso” y al derecho de presunción de inocencia hasta que el tema se resuelva en los juzgados –una audiencia está previstas para el próximo 26 de abril–. Y sobre una posible remoción, alega que “deberá ser tramitada por los términos legales”.

Sin embargo, el alcalde está en la obligación de rendir cuentas. Y los concejales hacen bien en pedir explicaciones por las irregularidades denunciadas. La práctica de hacerse de la vista gorda ante anomalías en la administración pública es precisamente lo que ha ido abonando a las crisis institucionales. (O)