Se cumplen dos años de las manifestaciones de octubre de 2019, protagonizadas por indígenas, estudiantes, trabajadores y transportistas en rechazo a las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, en las que durante doce días –entre el 2 y el 13 de ese mes– los desmanes mantuvieron en zozobra al país y caotizaron a la capital, aterrorizando a sus habitantes.

El daño más significativo, aparte de las pérdidas a escala nacional por $ 821 millones, fue el pánico que generaron el vandalismo y las agresiones contra personas y bienes públicos y privados que propiciaron quienes decían participar en una protesta social y al día de hoy siguen amenazando con reeditarla en nombre de sus demandas, sin considerar que el Ecuador lo componen 17′776.762 personas.

Según el Ministerio de Gobierno, en Quito hubo 97 puntos de conflictos violentos simultáneos, con muertos y heridos. Se abrieron 735 casos de investigación, de los cuales unos 130 han avanzado, según la Fiscalía. Entre los delitos con mayor número de expedientes están el daño a bien ajeno con 240; ataque o resistencia, 109; paralización de servicios públicos, 202; sabotaje, 40; secuestro, 30; y 14 por terrorismo. Los procesos de los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Iza continúan en etapa de investigación previa.

El año pasado, al igual que ahora, se amenazaba con “otro octubre 19″. Mientras no se determinen responsables por ese nefasto episodio, seguirá siendo utilizado como el cuco contra el gobierno de turno. Los interesados en desestabilizar el país parecieran no tener conciencia de que las circunstancias se han modificado y que no se requiere de intransigencias sino de acuerdos para hallar soluciones.

Afortunadamente, hay sectores sociales abiertos al diálogo con el Gobierno, en procura de beneficiar a las comunidades, a los pequeños productores, ganaderos y comerciantes, con el fin de fomentar la reactivación económica, tomando como prioridad la seguridad en el campo y para los pescadores, así como la reapertura de las escuelas rurales. (O)