En una comunicación del 15 de julio de 2021, la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT) informaba que 302 rutas y 1.632 frecuencias de buses interprovinciales e intercantonales se aprobaron durante la emergencia sanitaria, entre marzo del 2020 y mayo del 2021, por lo que se solicitó a la Contraloría que revise cómo y por qué se otorgaron.

Se anotó que en el primer semestre del 2021 se registraron 106 siniestros en esas rutas, argumento que llevó a suspender el proceso de otorgamiento de frecuencias hasta que se presente un plan nacional al respecto. Posteriormente se conoció que con coimas de hasta 15.000 dólares se obtuvo el aumento de unidades de transporte en las vías del país que involucra a 64 cooperativas.

En los casos que fueron revisados, no solo se encontró que aprobaban nuevas rutas y frecuencias, también se admitía el incremento de buses nuevos: entre dos y cinco unidades por cooperativa. El excesivo número de buses provoca, según la ANT, el “correteo” en las vías, que es motivo de accidentes con la consecuencia trágica de heridos y muertos.

En diciembre pasado, la Agencia de Tránsito presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por presunto cohecho con documentos de respaldo que detallan cobros a los transportistas destinados a “trámites para frecuencias” y suspendió las actividades de las operadoras del transporte terrestre involucradas en la obtención irregular de cupos. Pero el pasado viernes dos juezas, de Santa Elena y Santo Domingo, invalidaron esa medida administrativa, con lo cual unos 200 buses suspendidos volvieron a operar, a pesar del incumplimiento de requisitos técnicos o jurídicos señalados por la ANT.

Los procesos judiciales suelen demorar con relación a la necesidad de la ciudadanía. El caso comentado, que involucra un accionar decidido de parte de la ANT para combatir corrupción e impunidad, demanda la concurrencia de objetividad y eficiencia, para evitar que haya más accidentes y muertes en las vías. (O)