Los procesos electorales democráticos se caracterizan por la participación del pueblo en la política, lo que se logra con la postulación de diversos partidos o movimientos políticos que buscan representar la diversidad de los electores.

En Nicaragua está ocurriendo un fenómeno alarmante, a cinco meses de las elecciones: cuatro precandidatos a la Presidencia han sido detenidos para impedir su participación en los próximos comicios en los que Daniel Ortega busca un cuarto mandato consecutivo.

Los precandidatos detenidos son Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Los argumentos de sustento delatan la injerencia del oficialismo, pues el marco legal utilizado para tal deleznable fin es la Ley 1055, aprobada en diciembre pasado, dos meses después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) había puesto un plazo a Nicaragua para que implemente reformas que garanticen elecciones libres y transparentes.

La Ley, que consta de dos artículos, establece que los nicaragüenses podrán ser calificados como ‘traidores a la patria’ y no podrán optar a cargos de elección popular si lideran o financian un golpe de Estado, si alteran el orden constitucional, fomentan o instan a actos terroristas.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considerando la “arremetida sin precedentes” del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores, que supone una “alteración del orden constitucional” estipulada en la Carta Democrática Interamericana, ha pedido suspender la participación de Nicaragua en el bloque regional.

La comunidad internacional, además de los sucesos recientes, debe tener en cuenta las protestas sostenidas del pueblo nicaragüense en 2018 y la reacción del gobierno de Ortega al enfrentarlas, para rechazar las sistemáticas prácticas intimidatorias contra la oposición y exigir que se realicen elecciones plurales libres y sujetas a la observación internacional. No se debe admitir el avance de tales atentados contra el orden democrático en la región. (O)