En busca de cambios radicales, sociedades hartas de Gobiernos cuyas prácticas han derivado en corrupción o ineficiencia suelen aprobar la actuación de líderes enérgicos y carismáticos. Sin embargo, se deberá estar alertas a las primeras señales que den cuenta de una concentración de poderes, pues sin los suficientes contrapesos podrían estar tentados al autoritarismo y a perennizar su mandato.

Lo ocurrido en El Salvador, el pasado sábado, podría ser una muestra de liderazgo pernicioso. La organización Human Rights Watch alerta que el presidente de ese país ha roto el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder.

Nayib Bukele, conocido como “el presidente del cambio”, logró que los asambleístas de su partido —en su primer día con mayoría en la Asamblea— destituyeran y reemplazaran a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la nación, aparentemente porque frenaron algunas leyes de emergencia del primer mandatario contra el COVID-19. Una veintena de organizaciones de la sociedad civil de El Salvador condena lo ocurrido, pero sus seguidores en las redes sociales lo aplauden y ante los señalamientos de abusos de autoridad sostienen que “se está viviendo una transformación”.

La reciente victoria del partido de Bukele en las elecciones a la Asamblea le permitirá pasar leyes y aprobar presupuestos sin objeciones. Esto, suponen sus detractores, profundizará excesos tales como la vulneración de las instituciones democráticas y la fustigación a la prensa.

A la comunidad internacional, que ha expresado preocupación por los hechos acaecidos, el presidente salvadoreño le espetó: “Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia”.

Sin embargo, es menester que los ciudadanos de la región sigan de cerca esa Administración para observar en la práctica qué consecuencias reporta para la preservación de la paz y las libertades civiles la ausencia de contrapesos entre las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial. (O)