Con pedradas e insultos se ha atacado el lunes y martes a conductores que salieron con sus unidades a brindar el servicio de transporte urbano en Quito y sus parroquias rurales e ignoraron la suspensión de actividades dispuesta por la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano para exigir que se apruebe un incremento en el valor de las tarifas.

No solo es reprochable que suspendan un servicio público, sino que agredan a quienes cumplen con su labor y destruyan parabrisas y llantas incrustándole varillas metálicas. Los costos de reparación tendrían que ser asumidos por los agresores si la Fiscalía lograra procesarlos.

Como ocurriera en octubre del 2019, cuando las protestas las iniciaron los transportistas, en esta ocasión también se ha amenazado y agredido a los conductores de buses que no paralizaron actividades.

Al demandar un incremento en la tarifa de transporte urbano no se está considerando que la población entera soporta las afectaciones económicas derivadas de la pandemia de COVID-19, que ha llevado a millones de personas a pasar dificultades para solventar sus gastos básicos. También se solicita congelar el incremento mensual del combustible y se rechaza cumplir indicadores de calidad y acatar el concurso para la adjudicación de rutas y frecuencias en el transporte público de Quito.

Esta última parece ser la motivación central para la suspensión del servicio. Causando molestias a la ciudadanía se pretende presionar al cabildo. La Secretaría de Movilidad ha informado que se realizarán mesas de trabajo para analizar los parámetros para el concurso de rutas y frecuencias, y que no se dará paso a la adjudicación de rutas en el sistema de transporte sin un concurso público, pues es una norma jurídica que se debe acatar para mejorar la movilidad en Quito.

La transportación pública debe cumplir los parámetros técnicos y jurídicos exigidos, y sus agremiados y dirigentes deben superar la utilización de amenazas y agresiones, para arribar a acuerdos civilizados en favor propio y de la colectividad. (O)