El Estado no ha pagado por los terrenos donde se encuentra el aeropuerto de Manta, está en negociaciones de concesión, la cual el presidente Lenín Moreno dijo que se la iba a adjudicar a una empresa coreana.

Cabe recalcar que no existe controversia sobre quiénes son los propietarios legales de dichos terrenos, el problema es que no hay la voluntad de pagar. La propiedad fue afectada bajo declaratoria de propiedad pública en 1972; en el gobierno de Lucio Gutiérrez por decreto presidencial se delegó la competencia al Ministerio de Defensa para dar solución. En el 2014 dicho ministerio solicitó abrir un proceso de mediación después de 7 años de un desfile de funcionarios, en el cual cada uno alegaba ser nuevo en el cargo y no conocer el tema, y en febrero de 2021 pidió a la Procuraduría General del Estado cerrar la medición, ya que

habían “descubierto” que la Dirección General de Aviación Civil hizo caso omiso al decreto presidencial y no se trasladó formalmente la competencia al Ministerio de Defensa; por lo que se excusan de pagar a los propietarios de los terrenos. Mientras tanto, el proyecto de concesión sigue en marcha. El Estado está violando la Constitución, el artículo 321 dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, o mixta... Y el artículo 323 indica que para ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y bienestar colectivo, las instituciones del Estado por utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes previa justa valoración, indemnización y pago conforme con la ley, y prohíbe toda confiscación. Si el Estado negocia lo ajeno, los planes de desarrollo de Manta, con la concesión, se truncarán, y una vez más mi ciudad será burlada por inoperancia de funcionarios. (O)

René Abel Peláez Meunier, Mérignac, Francia