La salud pública en el Ecuador atraviesa una de sus etapas más críticas en los últimos años. Mientras los hospitales colapsan por falta de insumos, falta de personal y pagos atrasados, surge una pregunta inevitable y profundamente preocupante: ¿quién responde por la salud y la vida de la población ecuatoriana? En medio de esta crisis, el presidente Daniel Noboa se encuentra fuera del país por compromisos internacionales, la Asamblea Nacional se dispone a salir de vacaciones, y la vicepresidenta María José Pinto, encargada temporalmente del Ministerio de Salud, no logra articular respuestas claras ni eficientes. La improvisación se convierte en norma mientras miles de pacientes sufren las consecuencias de esta falta de dirección y responsabilidad institucional.
La situación de los centros de diálisis es uno de los ejemplos más graves. Las empresas proveedoras siguen sin recibir pagos de deudas acumuladas desde hace meses, y las planillas por prestaciones externas continúan en mora. Esto afecta directamente a pacientes renales que dependen de la diálisis para seguir con vida. No se trata de una simple falla administrativa, sino de un riesgo mortal derivado de la desatención del Estado.
La Constitución es clara. El artículo 32 establece que la salud es un derecho que garantiza el Estado, vinculándolo al ejercicio de otros derechos fundamentales. El artículo 3, numeral 1 obliga al Estado a proteger la vida y garantizar el efectivo goce de los derechos, entre ellos la salud. A ello se suman los compromisos internacionales: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida la atención médica oportuna. Frente a este marco jurídico, la inacción estatal no solo es moralmente reprochable, sino jurídicamente violatoria.
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La crisis sanitaria actual evidencia una peligrosa desconexión entre el mandato constitucional y la realidad. Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, surge un llamado urgente: el Estado debe asumir su obligación indelegable. La salud no puede esperar, y la vida de los ecuatorianos tampoco. Es hora de respuestas, no de excusas. (O)
Elio Roberto Ortega Icaza, mediador y abogado criminalista, El Coca
