La práctica médica en el hospital público está marcada por un desequilibrio permanente entre la obligación profesional y las limitaciones materiales, estructurales y administrativas. Los recientes casos en áreas de choque evidencian un problema recurrente: trasladar indebidamente la carga de responsabilidad al personal médico, sin reconocer falencias institucionales que condicionan el cumplimiento de estándares legales y éticos.
La responsabilidad del especialista asignado a un área crítica es, en teoría, indelegable. Sin embargo, debe entenderse a la luz de dos hechos: la capacidad instalada insuficiente y la carencia de personal. El principio de razonabilidad jurídica impide exigir más allá de los recursos mínimos indispensables, pues la Constitución establece que ningún servidor puede ser responsabilizado sin medios adecuados. Ley de Carrera Sanitaria, Losep, Ley de Salud, Código del Trabajo y Código Administrativo coinciden: todo servidor debe actuar dentro de sus competencias y con base en recursos provistos por la administración. La Corte Constitucional ha indicado que exigir resultados sin garantizar medios vulnera derechos y desvía la responsabilidad del Estado, garante del derecho a la salud.
Macará no tiene un hospital binacional
Culpar individualmente a un médico en un contexto de saturación constituye abuso de la potestad administrativa. El derecho comparado reafirma que la responsabilidad primaria recae en la gestión institucional y en la planificación, no en quienes cumplen su deber en condiciones adversas. A esto se suman problemas de horarios: la jornada máxima de 120 horas se extiende a 160 o más, en contravención de normas constitucionales. La improvisación en asignaciones, traslados y relevos evidencia falencias estructurales de gestión. Incluso condicionar la alimentación del personal en nombre de la cobertura asistencial refleja un enfoque distorsionado y abusivo.
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El registro clínico es esencial: debe documentarse el estado del paciente al ingreso, incluyendo muerte biológica cuando corresponda, para evitar imputaciones indebidas. Tres puntos son clave: la responsabilidad indelegable del especialista, la documentación exhaustiva del ingreso y el reconocimiento del límite real de capacidad instalada.
La desgracia de atención en el IESS
El trasfondo es estructural: sobrecarga asistencial, precarización laboral y riesgo para pacientes. Culpar al médico es invisibilizar el problema. Se requieren gestión que garantice personal suficiente, cumplimiento laboral, insumos adecuados y protocolos de contingencia. (O)
Galo Guillermo Farfán Cano, médico y máster en VIH, Guayaquil
