A menos que sea por trabajo, dan pocas ganas de manejar por nuestro hermoso y pobre país. Más allá de la inseguridad reinante, ahora resulta que tenemos más de 220 cuerpos de vigilancia, los cuales son las autoridades de tránsito municipal; tienen la capacidad de multar a quienes supuestamente contravengan las normas nacionales y locales de tránsito, además de llevar registros.

Hace poco un amigo mío estaba vendiendo un carro y a pesar de tener el Certificado Único Vehicular de la ATM de Guayaquil (Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, que ahora se llama Agencia de Tránsito y Movilidad) que certifica no tener gravámenes, resulta que cuenta con un impedimento de venta del vehículo, tiene que ir a verificar en otra de las autoridades de tránsito que existen en el Ecuador, desde la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, hasta las que existen en cada cantón.

También es terrible cuando uno es multado muchas veces misteriosamente por medio de radares; multas que no son notificadas a uno porque muchas resultan ser de otros cantones. Si le cae una injusta multa, le toca acudir a la cabecera cantonal respectiva a reclamar, y la pérdida de tiempo y dinero nadie la quiere sufrir dos veces. Poco se sabe del destino de los millones de dólares que se recaudan por las multas, sobre todo por los radares.

Tampoco se sabe de la multiplicación de la burocracia del control de tránsito, multiplicada por los más de 220 cantones del Ecuador...

Sería bueno que esto lo piense la Asamblea Nacional o la consulta popular del Gobierno y cree una nueva autoridad nacional de tránsito con una base de datos centralizada, que a la vez otorgue autonomía administrativa a sus entes cantonales y provinciales. (O)

Roberto Francisco Castro Vizueta, abogado, Guayaquil