Estamos presenciando un nuevo intento de reducir el peso de los subsidios en el gasto público, evidenciado en la eliminación del subsidio al diésel que se otorgaba a los atuneros, donde el 60 % se concentraba en 29 empresas; claro está no se incluye en esa medida a los pescadores artesanales. Así como este caso, hay un sinnúmero de situaciones que muestra la mala planificación y asignación de los recursos públicos hacia los grupos más vulnerables y desprotegidos; y es que, en ese proceso, dichas transferencias unilaterales terminan en las manos equivocadas.
¿Por qué se otorga un subsidio? El propósito es reducir el precio de un bien o servicio para que esté al alcance de quien lo requiere. Nuestro país tiene una larga historia otorgando toda una gama de subsidios por diversas razones. Uno de los más conocidos fue el bono de la pobreza que creó Jamil Mahuad durante su gobierno, para compensar el impacto de las políticas económicas que tomó en ese entonces, dicho bono se conoce actualmente como bono de desarrollo humano. Otros subsidios también reconocidos son al consumo eléctrico, al gas, a los combustibles, y la lista continúa. La entrega de estas compensaciones ha buscado reducir la pobreza, generar estabilidad social, brindar estímulo económico, corregir desigualdades estructurales, entre otras tantas justificaciones; pero en lugar de ello han generado distorsiones en la economía, tienen un alto costo fiscal, pues su coste de oportunidad es importante, ya que son miles de millones de dólares anuales que podrían destinarse a salud, educación, infraestructura u otros programas sociales con mejores resultados, pero terminan limitando la capacidad de acción de los gobiernos de turno. Asimismo, los subsidios algunas veces llegan a quien no los necesita lo que agrava la desigualdad; genera contrabando hacia zonas fronterizas, con pérdidas millonarias y fortaleciendo a las redes ilegales que roban o desvían el combustible (en Colombia y Perú es más barato), incluso es usado para actividades relacionadas a narcotráfico; en el caso de los combustibles hay un impacto ambiental negativo dado que con una gasolina más barata lleva a usar más los vehículos; entre otras afectaciones.
Es primordial que los subsidios sean eficaces y sostenibles, deben estar bien focalizados, tener objetivos claros, debe estar definida la temporalidad (tiempo que será entregado), debe estar ligado a un ingreso permanente para no alterar más las finanzas públicas y afectar los indicadores de endeudamiento, por ello los subsidios deben ser compatibles con el presupuesto estatal; deben existir controles para evitar corrupción, abusos o clientelismo político (especialmente). Por tanto, el subsidio debe mantener su objetivo de crear condiciones para que las personas o sectores salgan adelante sin depender constantemente del Estado, pues no se trata de dar dinero o reducir precios, se trata de enseñar a pescar, y no solamente dar el pescado sin mayor esfuerzo.
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De ahí que el problema de los subsidios es que se terminan asumiendo como un derecho; y desmontarlos ha provocado importante conflictividad política, por ello es vital una reforma progresiva y técnica que focalice los subsidios en quienes realmente los necesitan, acompañada de programas sociales de compensaciones temporales, para reducir los efectos colaterales. En conclusión, los subsidios no son la solución mágica para resolver los problemas de pobreza que vive el Ecuador, pero es necesario que lleguen a quien lo requiere de verdad y durante un tiempo específico, y deben estar acompañados de políticas que promuevan autonomía y empleo a largo plazo. (O)
Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
