La consulta popular que el presidente Daniel Noboa propone, para decidir si se convoca o no a una asamblea constituyente, representa una oportunidad histórica. No se trata solo de reformar artículos, se trata de corregir un rumbo en el que, en nombre de los llamados “derechos individuales”, se ha desbordado el sentido mismo de la justicia, olvidando la ley natural, la tradición del derecho romano que sostiene nuestro sistema jurídico y, sobre todo, la ley divina. Sin estos fundamentos, el derecho se convierte en simple voluntad de mayorías pasajeras y deja de ser garantía de orden y de bien común.
Reconocer a Dios uno y trino como soberano real no es un asunto meramente religioso, sino el principio que da unidad y legitimidad a la vida política. Allí donde se expulsa a Dios, se multiplican leyes contradictorias, relativistas o impuestas por agendas ajenas a nuestra cultura. Por eso es indispensable limitar los excesos en materia de “derechos individuales” y afirmar los verdaderos derechos: la vida, la familia, la autonomía en la crianza de los hijos, la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Una Constitución renovada debe orientarse al bien común, ajustando todas las leyes inferiores a principios superiores. Para ello, una estructura bicameral permitiría conjugar la voz del pueblo, expresada en un congreso de representantes directos, con la prudencia y la preparación de un senado compuesto por los mejores, incluidos representantes de distintas religiones. De esta manera se asegura que el debate político no pierda de vista la identidad cultural y espiritual de la nación.
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La verdadera política se está perdiendo
El Ecuador avanzará si reconoce sus límites en el verdadero soberano, que es Dios, y si garantiza que el voto exprese la voluntad real de la mayoría y no una ilusión manipulada. Solo así tendremos una sociedad fundada en la justicia y libertad. (O)
Galo Guillermo Farfán Cano, médico y máster en VIH, Guayaquil
