El inesperado decreto 126 que establece la eliminación del subsidio del diésel tomó por sorpresa al país, pero marca un avance importante hacia el sinceramiento de nuestra economía. Un subsidio con más de cinco décadas de aplicación que no ha cumplido con su propósito, no debía seguir, le ha costado al país aproximadamente 65.000 millones de dólares desde su vigencia. En economía hay un concepto que se llama coste de oportunidad, y consiste en que ante cualquier situación siempre hay varias alternativas (al menos dos), y consiste en dimensionar lo que pierdo o dejo de recibir por tomar la otra opción. Entonces, pensemos por un momento que se pudo realizar con esa inmensa cantidad de dinero en lugar de dar un subsidio que no ha cumplido con su finalidad, como otros tantos que han existido, construcción de hospitales, escuelas, carreteras, dejar de endeudarse; en fin, le ha costado tanto al país y a la sociedad en su conjunto para solo el beneficio de unos pocos. Recordemos que los subsidios deben considerar tres criterios: (1) ser temporales o transitorios, es decir, ser entregado por un tiempo determinado, hasta lograr la mejora de la calidad de vida de las personas; (2) ser correctamente direccionado o focalizado a los sectores que realmente requieran de tipo beneficio; y (3) ser eficientes, en el sentido que el Estado y los destinatarios se beneficien; como se observa ninguno de los criterios se cumplen. ¿Acaso las personas en condiciones de pobreza la han superado?, ¿ha llegado el subsidio a las personas que realmente lo necesitan? Desde mi punto de vista podría decir que pareciera que el destino ha sido financiar actividades ilegales como la producción de estupefacientes o el contrabando por la frontera, o ser usado en vehículos de alta gama que posee ni el 0,5 % de la población del país (que sí podría pagar un diésel a precio de mercado); es así que surgen más interrogantes sobre los verdaderos resultados de entrega un subsidio con tal alto costo económico y social.
Reconformación geométrica en la avenida Narcisa de Jesús
Por supuesto, eliminar subsidios y principalmente uno como las características del diésel, tiene un costo político importante para cualquier gobernante, para muestra lo ocurrido en los gobiernos de Bucaram (eliminación del subsidio del gas), Moreno y Lasso (eliminación de subsidios de los combustibles), y decirlo en una coyuntura de una próxima consulta popular/referéndum, refleja el deseo del Gobierno del presidente Noboa de mejorar las condiciones económicas y sociales del país, no para congraciarse con los acreedores internacionales, como algunos aducen, sino más bien de encaminar las finanzas públicas, reducir las necesidades de endeudamiento externo en el tiempo, mejorar las condiciones de inversión en el país, reducir el riesgo país, entre otros beneficios que los ciudadanos deben apreciar.
Crónica de un embotellamiento anunciado
El Gobierno estableció una serie de compensaciones para mitigar el impacto que podría tener el alza del precio del diésel (pasando de 1,80 a 2,80 dólares), es preciso tener en cuenta que la incidencia no será todos los meses, probablemente veremos un efecto hasta en los dos primeros meses y más por un factor especulativo, pues nuestra economía ante esta situaciones suben los precios de ciertos productos hasta cuando no estén relacionados con el origen; de igual manera debe mejorarse las eficiencias en el sector del transporte, por ejemplo de carga, si un camión puede transportar tres toneladas y solo lo hacía hasta dos, transportar el máximo ayudaría a optimizar los costos. De igual manera, las intendencias deben realizar un seguimiento importante para que no existan arbitrariedades respecto a los precios de los productos en los mercados. Asimismo, aquellos sectores o determinados “dirigentes” que se oponen a la eliminación del subsidio del diésel, es preciso que entiendan lo necesario y urgente de esta medida. Finalmente, si no hay condiciones de mantener un subsidio que le demanda al país $ 1.100 millones al año, y que más que soluciones ha generado problemas e ineficiencias para el país, debe avanzarse en corregir estas distorsiones. (O)
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Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
