La crisis sanitaria

Por años, la salud ecuatoriana se ha sostenido sobre una realidad incómoda: el Estado, incapaz de cubrir toda la demanda hospitalaria, delegó al sector privado una parte crucial de la atención. Casi un tercio de las hospitalizaciones del país y buena parte de los tratamientos de alta complejidad provienen de clínicas privadas contratadas por el Ministerio de Salud y, sobre todo, por el IESS. Esa interdependencia nunca fue asumida como política pública, pero funcionó hasta que dejó de hacerlo.

Hoy, Ecuador vive una crisis sanitaria integral, donde lo público se encuentra críticamente desfinanciado y lo privado, que durante años actuó como “muro de contención”, está siendo arrastrado por la falta de pagos del propio Estado. El resultado es un sistema incapaz de sostenerse y una población cada vez más desprotegida.

En los hospitales públicos, el desabastecimiento de medicamentos e insumos supera cualquier estándar aceptable. Las salas se saturan, se reprograman cirugías, se improvisan tratamientos y se multiplica el riesgo de eventos adversos. A esto se suma un presupuesto insuficiente, una ejecución errática y una inestabilidad institucional que impide planificar.

Ningún sistema de salud puede funcionar cuando cambia de ministro como quien cambia de turno.

Pero el golpe más silencioso –y quizá el más grave– está ocurriendo en el sector privado. El IESS y el MSP mantienen miles de millones de dólares en deudas con clínicas, hospitales y centros de diálisis. Hay prestadores con meses sin recibir un pago, centros que han despedido personal, y servicios que están reduciendo cupos o cerrando turnos. En enfermedades como la insuficiencia renal, donde el Estado depende casi por completo de prestadores privados, la mora no es un problema financiero: es una amenaza directa a la sobrevivencia de miles de pacientes.

Esta crisis no afecta solo “al sistema de salud”. Afecta al modelo social ecuatoriano en su conjunto. Cuando un paciente no recibe medicinas para su presión o su diabetes, terminará emergiendo con complicaciones más costosas, más peligrosas y difíciles de tratar. Cuando una cirugía se retrasa, la persona pierde días de trabajo, la familia absorbe costos y se profundiza la desigualdad. Cuando la diálisis se vuelve incierta, se vulnera el derecho más básico: la vida.

La crisis sanitaria ecuatoriana ya no puede verse como un problema de gestión hospitalaria. Es una crisis que erosiona el bienestar social, agrava la desigualdad y compromete el desarrollo del país. Ninguna sociedad progresa cuando su población vive con miedo a enfermarse, cuando el acceso a un medicamento depende de tener dinero o suerte, o cuando el Estado se convierte en un pagador moroso que asfixia al mismo sector privado del que depende para atender a sus ciudadanos.

Ecuador necesita, con urgencia, restaurar la seguridad financiera de su sistema sanitario, ordenar la relación con prestadores externos, recuperar el abastecimiento y reconstruir la capacidad de gestión del sector público. No es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia social.

Porque un país sin un sistema de salud funcional no solo está enfermo: está en riesgo de perder su futuro. (O)

Raúl Alcívar González, Guayaquil