A propósito del ‘debate’ en la Asamblea Nacional de legalizar ‘el aborto por violación’, se toma en cuenta solo a tres o cuatro actores de esta tragicomedia: la madre, el niño y el violador (que seguramente será condecorado con la orden nacional al mérito).

El capítulo XVII del Código de Ética Médica, sobre el aborto terapéutico, artículo 103, señala que al médico le está terminantemente prohibido provocar el aborto, a menos que haya necesidad absoluta de hacerlo para salvar la vida de la madre, en casos de enfermedades con alto riesgo hereditario o cuando la madre ha sido expuesta dentro del primer trimestre del embarazo a factores teratogénicos científicamente comprobados, debiendo cumplirse estos requisitos: a) con el consentimiento de la paciente, de su cónyuge o de su representante; y, b) la necesidad de la interrupción del embarazo será certificada por una junta médica, uno de cuyos participantes, por lo menos, debe ser especializado en la afección motivo de la indicación. Y el artículo 104 dice: “No debe practicarse el aborto terapéutico sino en ambiente quirúrgico adecuado”.

La Constitución, artículo 45, consagra el derecho y respeto a la vida desde el momento de la concepción.

El embarazo comienza cuando el óvulo fertilizado se implanta en el endometrio seis o siete días después de la fecundación y dura 40 semanas lunares a partir de ese momento.

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Aborto es la interrupción temprana del embarazo por diferentes causas y puede ser espontáneo o provocado entre este el terapéutico.

Después de la semana 12 es muy difícil que la mujer tenga un “aborto” por causas naturales, ya que el producto con la placenta están completamente formados y cualquier situación que altere el curso normal del embarazo se la denomina “pérdida”, y en muchos casos su interrupción deliberada por diferentes causas amerita una microcesárea corporal. De la semana 20 en adelante, cualquier pérdida se la denomina “muerte fetal o parto prematuro”, ya que a partir de la semana 24 especialmente un producto puede vivir fuera del vientre materno, con los cuidados especializados.

Vistas así las cosas, si es que la Asamblea Nacional aprueba ‘el aborto por violación’ (parto de los montes), ya que es un término que no existe en la literatura médica y que está pisoteando los sacramentados conceptos de las ciencias obstétricas, surgen las siguientes interrogantes:

¿Quién o quiénes van a practicar el aborto?, ya que los médicos especialistas estamos prohibidos por norma tácita y ética de hacerlo.

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¿Seremos los médicos penalizados por las razones anotadas o por objeción de conciencia cuando nos neguemos a realizar un aborto?

¿Cuáles serían los métodos o técnicas recomendadas por los ‘científicos’ de la Asamblea Nacional para consumar este tipo de despropósitos, sin que la vida y salud de la paciente corra peligro?

¿Qué tratado, protocolo y flujograma científico nos recomiendan leer y seguir con respecto al ‘aborto por violación’?

Cuando se trate de un caso de 28 semanas (sietemesinos) o más, que ahora a estos ‘geniales’ asambleístas se les ocurre llamarlo ‘aborto’, ¿tendremos que clavarle el bisturí en el corazón al niño o dejarlo tirado llorando en un balde?

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¿Se prestarán las instituciones de salud públicas, semipúblicas o privadas para que en sus instalaciones se cometan estas atrocidades?

¿Quién y cómo llenarán las historias clínicas y certificados de defunciones por estos crímenes eufemísticamente llamados ‘aborto por violación’?

Con toda seguridad estas y otras interrogantes que surgen sobre el tema quedarán sin respuestas, ante una necedad producto de la supina ignorancia cuando se pretende legislar animados por politiquería, afectos, desafectos, fanatismos y demagogia, sobre temas que la ética y la ciencia médica los tiene perfectamente bien definidos. Hasta tanto, los problemas de fondo como educación rica en valores, biología de la reproducción, planificación familiar, embarazo entre adolescentes, desnutrición infantil, etc., siguen olvidados.

Se pide al pleno de la Asamblea y al presidente de la República que en honor al sentido común rechacen y archiven para siempre esta malvada ley. (O)

Francisco Plaza Bohórquez, gineco-oncólogo, Guayaquil