Entre los años 2000 y 2005, los colectores del sistema educativo nacional pagaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por fondos de reservas un valor menor al establecido en la ley, que dice que este rubro deberá calcularse sobre el monto total de los emolumentos que haya percibido el afiliado, pero se cometió el error de calcularlo únicamente sobre el sueldo básico del docente sin considerar los otros ingresos como los bonos por antigüedad, de comisariato y otros; es decir, la totalidad de sus emolumentos.
Suponiendo, por ejemplo, que si un profesor ganaba 500 dólares de sueldo básico, además tenía una cantidad similar de bonos extras, lo que redondeaba a unos 1.000 dólares mensuales. Este perjuicio fue motivo de permanentes protestas del sector afectado, sin que hasta la presente el Ministerio de Finanzas haya incluido el pago de dichos valores en el presupuesto del Ministerio de Educación, el que a su vez deberá transferirlos al IESS como se prometió hace varios años.
El presidente de la República debe intervenir para solucionar este problema que afecta la economía de millares de jubilados. (O)
José Ignacio Gorotiza Véliz, educador y periodista, Guayaquil
