Señor presidente, me dirijo a usted no solo con el respeto que corresponde a su investidura, sino también con indignación, profunda preocupación y un sentido de urgencia que ya no admite dilaciones, frente a la crítica y alarmante situación de inseguridad y delincuencia que azota al Ecuador. El país está viviendo hoy bajo el miedo. Los hechos violentos ocurren a diario en distintas ciudades y, en muchos casos, ni siquiera llegan a conocerse públicamente debido a las amenazas directas que organizaciones criminales ejercen sobre los medios de comunicación locales. Esta realidad ha instalado un clima de terror, indefensión y desconfianza que afecta de manera directa y permanente la vida de millones de ciudadanos.
Entre los innumerables hechos que estremecen a la sociedad, resulta particularmente grave el ocurrido recientemente en Machala, donde una persona adulta mayor sufrió gravísimas lesiones en una de las manos tras manipular un artefacto explosivo que había sido abandonado sobre un vehículo como parte de un acto criminal. Este suceso no es un hecho aislado: es una muestra brutal del nivel extremo de violencia al que ha llegado el país y de la impunidad con la que actúan organizaciones delictivas que han perdido todo límite moral y humano, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos inocentes, especialmente de los más vulnerables.
La ciudadanía está cansada del estado de emergencias, diagnósticos, anuncios y promesas. El Ecuador exige acciones inmediatas, firmes y contundentes. Su gobierno tiene la obligación ineludible de asumir el control efectivo del territorio nacional, fortalecer de manera real y sostenida las políticas de seguridad, implementar un plan integral y frontal para erradicar la delincuencia organizada, ejercer un control estricto sobre el uso de armas y explosivos, y brindar un respaldo claro, permanente y sin ambigüedades a las fuerzas del orden. Del mismo modo, es imprescindible una supervisión rigurosa del sistema de justicia, para garantizar que los responsables de estos crímenes sean identificados, procesados y sancionados con todo el peso de la ley, sin excepciones ni privilegios. Y también a funcionarios o autoridades que tengan conexión directa con los grupos delincuenciales, que los hay.
Publicidad
Señor presidente, el país no puede esperar más. Cada día de inacción se traduce en más víctimas, más miedo y más vidas destruidas.
Ecuador no puede ni debe normalizar la violencia ni resignarse a vivir bajo el terror. Proteger la vida, la integridad y la dignidad de las personas no es una opción política, sino una obligación constitucional y moral del Estado, y una responsabilidad directa de quien ejerce la Presidencia de la República.
Con la convicción de que este llamado representa el sentir de millones de ecuatorianos que hoy viven con temor, pero también con esperanza de un cambio real, exijo –como ciudadano– que este clamor sea atendido con la seriedad, la firmeza y la urgencia que la situación demanda. El país necesita liderazgo, decisión y resultados ahora. (O)
Publicidad
Pedro Triviño Rodríguez, biólogo, Barcelona, España
