El presidente del Parlamento -Asamblea Nacional- de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó en la más reciente sesión ordinaria que un grupo de venezolanos, residenciados en el exterior, solicitó que sus casos sean evaluados por la comisión parlamentaria encargada de supervisar aplicación de la ley de amnistía, y al aportar cifras del estatus de esas personas se refirió a los falsos asilos otorgados en Estados Unidos.

Esos venezolanos, dijo el jefe de la AN, pidieron por escrito a la comisión legislativa que se consideren sus casos para que puedan retornar al país y “cumplir con su función política”.

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Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general en Venezuela

“Personas con registro policial, unos pocos y la gran mayoría sin ningún tipo de registro policial”, dijo Rodríguez.

El “negocio” de los asilos

Foto: EFE/ Ronald Peña R

De los 123, que “tenían ganas de volver”, todos fueron verificados y están “27 solicitados por el sistema judicial venezolano”, afirmó.

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En sus palabras, eso es “el 2,2% de quienes habían solicitado (asilo)”.

Jorge Rodríguez expresó: “Lo habíamos dicho hace algunas sesiones, había un verdadero negocio, donde había hasta unos formularios que la gente llenaba y para cometer fraude de ley en los Estados Unidos de América se hacían pasar por asilados políticos, solicitando asilo político y quienes hicieron su agosto fueron una cantidad de abogados y abogadas en el estado de la Florida que les cobraban 10 mil dólares, 7 mil dólares, 8 mil dólares a las personas y de una vez ¡pum! ya, asilado político”.

Yo no sé cómo van a resolver ese rollo”, opinó en el hemiciclo del Parlamento, “pero son decenas de miles de personas que hoy son asilados políticos en los Estados Unidos de América y en Europa que no están ni siquiera solicitadas”.

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Según el titular de la AN, quien cerró los “chismes” de la sesión parlamentaria con varias misceláneas, “la cosa llega al nivel extremo tenebroso y macabro que hay dos personas fallecidas. Explíquenme ustedes cómo dos personas que murieron enviaron una carta a la comisión legislativa de seguimiento”. (I)

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