Los diez procesados por irregularidades en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) deberán afrontar cargos por delincuencia organizada.
El proceso se inició con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con penas que pueden llegar hasta los diez años.
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Entre los detenidos se encuentra Pedro Abril, director de la ANT, quien, tras su vinculación a este caso, ha sido separado.
Abril y otras nueve personas fueron detenidas la madrugada del 30 de enero durante un operativo ejecutado de forma simultánea en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.
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Detalles de la investigación
Las órdenes de detención se emitieron tras una investigación iniciada por una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dedicada a la emisión irregular de licencias, permisos de operación y otros documentos.
Según la Fiscalía, la investigación se inició en julio de 2025, luego de una denuncia recibida a través del 1800-Delito, en la que se informó que un grupo de personas —la mayoría funcionarios de la ANT— estaría cobrando para entregar matrículas, licencias o permisos de operación, sin necesidad de obtener turnos.
Los datos que tiene la Fiscalía indican que se cobraba entre 150 y 250 dólares por trámite.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que el perjuicio sería por unos 3 millones de dólares.
Incluso se manifestó que miembros de Los Choneros estarían implicados en esta red.
Con la denuncia receptada se realizaron seguimientos y vigilancias a través de los cuales se obtuvo información que daría cuenta de la comisión del delito por parte de las personas hoy procesadas.
Evidencias y resultados judiciales
Durante la audiencia de formulación de cargos se expuso que hubo interceptación de llamadas telefónicas con las que se recopilaron datos sobre aparentes irregularidades.
En la diligencia se expusieron también los partes policiales de las detenciones y las versiones de los agentes que participaron en el operativo y de las personas procesadas; los respectivos informes de inspección ocular técnica y levantamiento de evidencias, las cuales se encuentran bajo cadena de custodia y que serán periciadas para la obtención de más elementos relacionados con la investigación.
En los veintitrés allanamientos ejecutados se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y dinero en efectivo, que fueron presentados como parte de los elementos de convicción en la audiencia.
Con los datos obtenidos, el juez que lleva el caso dispuso prisión preventiva para nueve de los detenidos y medidas cautelares para otro. (I)