El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) denunció supuestos cobros productos de, según el gremio, de una malinterpretación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y de la Ley Humanitaria vigente desde diciembre pasado.

Caterina Costa, presidente del CEE, aseguró que dos municipios de la provincia de Esmeraldas, el de San Lorenzo y el de Eloy Alfaro (Limones), cobran tasas ilegales del 1.5 por mil por activos totales a grupos empresariales nacionales y extranjeros.

Según Costa, la última reforma interpretativa al Cootad en sus artículos 547 y 553 en la Ley Humanitaria, deja en claro que dicho cobro (que tiempo atrás se extendió además a patentes comerciales) sólo puede verificarse en caso de domicilio, fijado en el estatuto de la empresa, o de establecimiento comercial, agencias o sucursales, según el registro correspondiente ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

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Hoy en rueda de prensa denunciamos el regreso de una práctica ilícita en GADS de Esmeraldas, que consiste en cobros indebidos de impuestos por patente, 1.5 por mil y otras tasas, que está totalmente fuera de la ley y constituye un atraco a las empresas. Habrá acciones penales. pic.twitter.com/VxnGAl9cWn

Sin embargo, Costa agregó que el propio carácter interpretativo de las reformas al Cootad ha permitido que estas causas se vayan resolviendo una a una en favor de lasempresas afectadas, aunque reveló que el CEE realiza gestiones con Fiscalía, Contraloría y el Consejo Nacional de la Judicatura "a fin de evitar que estas acciones colusorias prosperen,contaminando a otros GADs cuyos alcaldes se mantienen al margen desemejante ilícito".

“Estas acciones afectan el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y atenta contra la seguridad jurídica, indispensable para impulsar la inversión y la reactivación económica”, sostuvo la dirigente gremial durante una rueda de prensa virtual, en la que se indicó que los cobros irregulares se vienen dando durante las últimas tres semanas y que en el caso del municipio de San Lorenzo, rectificó y anuló la emisión de títulos de valor, pero el de Eloy Alfaro ha venido haciéndolo a discreción afectando a distintos grupos corporativos con cobros por vía coactiva que ascienden, al menos, a $5 millones.

Sin embargo, Costa agregó que el propio carácter interpretativo de las reformas al Cootad ha permitido que estas causas se vayan resolviendo una a una en favor de las empresas afectadas, aunque reveló que el CEE realiza gestiones con Fiscalía, Contraloría y el Consejo Nacional de la Judicatura "a fin de evitar que estas acciones colusorias prosperen, contaminando a otros GADs cuyos alcaldes se mantienen al margen de semejante ilícito". (I)