La Asamblea Nacional en la sesión 682 del 16 de septiembre tramitó en primer debate el paquete de reformas a la Constitución planteadas por el Comité para la Institucionalización Democrática para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); el rediseño del parlamento unicameral a bicameral; y, la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

Según la presidenta de la Comisión de Enmiendas, Elizabeth Cabezas, una vez concluido el debate se presentará el informe para segundo debate dentro de los 90 días como lo determina la Constitución sobre el trámite de reformas constitucionales. Según la línea de tiempo establecida por la comisión, dijo, el informe para segundo debate estaría listo a finales de diciembre, y si la Asamblea Nacional lo aprueba, el grupo de reformas podrían ser consultado al pueblo en el proceso electoral de febrero de 2021.

Aunque también anotó que hay otra ventana o posibilidad como es la segunda vuelta electoral presidencial prevista para abril de 2021. En esos escenario se podría ratificar o negar las preguntas planteadas por el Comité por la Institucionalización Democrática respecto a los cambios a la Constitución vigente desde 2008.

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En torno a la eliminación del Cpccs, se propone eliminar algunos artículos relacionados con las facultades del consejo en la promoción de la participación ciudadana, rendición de cuentas, fomento de la transparencia y lucha contra la corrupción. Y respecto a la designación de las autoridades de control, se propone que esas facultades sean transferidas a la Función Legislativa para evitar la concentración del poder y por ser el órgano de representación política.

Respecto a la bicameralidad, se propone que la Función Legislativa tenga dos cámaras: una con 30 representantes nacionales en el Senado para un periodo de cuatro años; y otra de representantes para un periodo de dos años, cuyos legisladores serían electos por los migrantes y por cada provincia en función del número de habitantes.

Para la categorización de una Ley orgánica debe haber un dictamen previo de la Corte Constitucional, y habrá una votación diferencias entre la legislación orgánica y ordinaria.

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Los proyectos urgentes no se limitarían a materia económica solo deberían aprobarse por la cámaras que elija el Presidente de la República.

Respecto a la fiscalización se elimina la muerte cruzada, se asigna a la Cámara de Representantes la función de acusar ante el Senado; se elimina el requisito de un dictamen constitucional para enjuiciar políticamente al Presidente y Vicepresidente de la República y se permite el enjuiciamiento de los miembros de las altas cortes del Estado exclusivamente por delitos de cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito.

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La tercera propuesta tiene relación la autonomía de la Fiscalía General del Estado pretende reformar el artículo 178 de la Constitución donde se señala que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno , administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Durante el debate participaron 25 legisladores. El grupo de asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), rechazó la propuesta de reforma, pues sostienen que sería una regresión de derechos la eliminación del Cpccs; que la solución para la agilidad legislativa y la tarea de fiscalización no está en el sistema bicameral que el Ecuador ya lo vivió; y sobre la autonomía de la Fiscalía sostuvieron que la pretensión por el incremento de fiscales no está en la autonomía, sino en la falta de asignación de recursos. Que si insisten en cambios constitucionales, la legisladora planteó que se convoque a una asamblea constituyente y ahí nos vemos, sentenció.

El PSC a través de Henry Cucalón sostuvo que modificar la Constitución a través de una consulta popular es la expresión más directa, y respaldan la eliminación del Cpccs, así como la transformación de la Función Judicial y mantener la independencia de la Fiscalía General del Estado. Que la creación del Cpccs, fue lo peor que creó la Constituyente de 2008, porque sirvió para el manoseo directo del gobierno de turno, y que la designación de las autoridades de control debe regresar a la Función Legislativa.

Jaime Olivo del movimiento Pachakutik comentó que su organización política también respalda la eliminación del Cpccs, que apoya la autonomía de la Fiscalía General del Estado, y la bicameralidad.

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El movimiento CREO a través de sus legisladores Jeannine Cruz, Patricio Donoso expresó su respaldo al planteamiento hecho por el Comité por la Institucionalización Democrática. Cruz comentó que el cambio de la Constitución es necesario, y que no son solo tres cambios, sino que los tres temas reforman una serie de artículos que permitirán aplicar las modificaciones sobre las cuales se pronunciará el ciudadano. (I)