Una ola de protestas se ha venido desatando en el último tiempo alrededor del mundo y junto con esta agitación social se ha presentado una escalada notable de ataques contra la prensa, según una nota temática de la serie de Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación, publicaciones que viene realizando continuamente la Unesco desde 2014.

La publicación del organismo, titulada Seguridad de los periodistas que cubren protestas, está basada en documentos confiables de organismos asociados e informes de prensa. El documento identifica 125 situaciones de ataque o arresto de periodistas que se encontraban cubriendo protestas en 65 países, entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020. De esos eventos, 15 ocurrieron en 2015, 16 en 2016, 21 en 2017, 20 en 2018, 32 en 2019 y 21 solo en la primera mitad de 2020, lo que muestra una clara tendencia creciente en el número de ataques sufridos por los periodistas que cubren este tipo de situaciones.

El organismo hace un recuento de que algunas de las manifestaciones registradas fueron incentivadas por condiciones económicas tales como, creciente desigualdad, reducción de salarios y beneficios, además del acceso a los servicios. Otras fueron motivadas por acusaciones de corrupción y mala gestión de las autoridades e incluso otras se destacaron en respuesta a lo que los manifestantes entienden que es un patrón de uso excesivo de la fuerza, que incluye el uso de violencia letal por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad contra civiles, en especial contra las minorías.

En medio de esta tendencia, las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la retórica hostil por parte de los dirigentes políticos hacia la prensa.

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Monitores de la libertad de expresión de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una reciente declaración conjunta en relación con las afirmaciones que sostienen que los medios de comunicación son “enemigos del pueblo dicen que los líderes de los Estados deben evitar hacer declaraciones que puedan “contribuir a generar un ambiente de hostilidad e intolerancia” contra la prensa, que pueda traducirse en ataques físicos de civiles a los periodistas.

Según la publicación de la Unesco, cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados, vigilados y secuestrados en todo el mundo, además de haber sufrido la destrucción de sus equipos, mientras intentaban cubrir protestas. Otros fueron incomunicados, humillados, asfixiados y recibieron disparos, tanto de munición no letal como de munición viva.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha denunciado que desde 2015, al menos 10 periodistas fueron asesinados mientras cubrían protestas. En la mayoría de estos casos, sin importar quién o qué grupo pueda ser el responsable, la impunidad ha seguido siendo la norma en los últimos años en lo que respecta a los ataques a los periodistas que cubren protestas, afirma el organismo y agrega que al menos 15 periodistas que realizaban la misma tarea sufrieron graves lesiones por el uso de munición viva o balas letales durante el período que abarca esta publicación.

Ferzat Jarban, camarógrafo independiente, fue arrestado luego de filmar protestas contra el gobierno en al-Qasir, Siria, en 2016. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo mutilado. Jarban fue el primer periodista reportado como asesinado en un período de ocho meses de medidas severas contra las protestas a favor de la democracia en Siria.

La última de las diez muertes que Unesco registra es la de Ahmed Muhana Al-Lami, era un fotógrafo de noticias iraquí que trabajaba de manera independiente. El 6 de diciembre de 2019, murió en un hospital tras haber recibido un impacto de bala mientras cubría una manifestación en una plaza pública de Bagdad.

El informe de Unesco, se menciona que existen casos en que los funcionarios de gobiernos locales han obtenido y publicado información privada e identificable de los periodistas, una práctica conocida como doxing, llegando incluso a compartir sus direcciones y los nombres de sus hijos y a criticar su cobertura de las protestas.

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Otras acciones que algunas autoridades de Gobierno han cometido en contra de los medios de comunicación y periodistas comprenden desde la censura o clausura de medios de comunicación impresos, medios de radiodifusión y en línea, bloqueo de sitios web en Internet, colocación de dispositivos de rastreo en las computadoras de los periodistas y hasta vigilancia física a los periodistas a vigilancia.

“La tarea de los periodistas es esencial para informar y dar a conocer al público los movimientos de las manifestaciones. Desde hace muchos años, la UNESCO ha venido sensibilizando a la opinión pública de todo el mundo para que puedan desempeñarla con seguridad y sin temor a la persecución, y ha capacitado a las fuerzas de seguridad y al poder judicial sobre las normas internacionales relativas a la libertad de expresión. Sin embargo, las cifras reunidas en este informe muestran que son precisos esfuerzos mucho mayores, por lo que pedimos a la comunidad internacional y a todas las autoridades competentes que garanticen el respeto de estos derechos fundamentales.”, dice Azoulay, directora del organismo.

El documento hace referencia a que en varios tratados internacionales se hace alusión a la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información.

Según Unesco, el más explícito de todos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966 y que está en vigor desde 1976. En el Artículo 19.2 del Pacto se establece que: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Unesco dice que todos los Estados miembros de los organismos internacionales están obligados a proteger a los periodistas que informan las noticias, lo que incluye la cobertura de protestas. Asimismo, los Estados tienen una obligación de investigar y sancionar toda violación que ocurra en el marco de una manifestación pública, lo que incluye los ataques a la prensa.

Sin embargo, organismos internacionales ya han determinado que en distintos países se han violado ciertos derechos que la prensa y los periodistas poseen.

En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Colombia violó el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando unos soldados del Ejército Nacional agredieron a un periodista que cubría una manifestación en contra del gobierno.

Otro caso es el de 2016, cuando el Comité de Quejas y Cumplimiento de la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica sostuvo que la orden de la Corporación de Radiodifusión Sudafricana (SABC) de dejar de transmitir imágenes de la destrucción de propiedad pública durante las protestas no era válida desde su inicio.

Rusia figura también en los países que han violado este tipo de normas. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el gobierno ruso había violado el derecho a la libertad de expresión de un periodista al condenarlo a detención administrativa tras su intento de fotografiar una protesta.

Como una medida para que la violencia en contra de los periodistas y la prensa pueda ir disminuyendo, la Unesco junto a organismos asociados vienen implementando desde 2013 distintos programas de capacitación sobre la libertad de expresión dirigidos a las fuerzas de seguridad. Ya se han capacitado más de 3400 fuerzas de seguridad en más de 17 países, incluidos Burkina Faso, Colombia, Côte d’Ivoire, Gambia, Iraq, Libia, Madagascar, Mali, Palestina, Rwanda, Senegal, Somalia, Sudan del Sur, República Unida de Tanzania,Túnez, Ucrania y Uzbekistán.

Ante esta situación, Unesco hace un llamado a los medios de comunicación y los empleadores para que presten atención a las medidas de seguridad para sus trabajadores.

El organismo pide proporcionar la capacitación y los equipos adecuados a los periodistas cuando los envían a cubrir protestas para que lo puedan realizar con seguridad en las distintas situaciones que se pueden presentar.

Por su parte, el organismo dice que junto a otros aliados deben continuar invirtiendo recursos para la capacitación de la policía y otras autoridades sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa en relación con situaciones de protesta. Principalmente para abordar de qué manera la policía puede tratar con los periodistas que cubren protestas, lo que incluye diferenciar entre manifestantes y prensa, y las tácticas adecuadas al tratar con los periodistas. (I)