Cerca de 80 son las personas entre extrabajadores y proveedores que solicitan el pago de sus haberes por sus servicios prestados en el proyecto Casa para Todos que se ejecuta en el cantón La Maná, Cotopaxi.

De acuerdo con versiones de los presuntos perjudicados, desde hace un mes decidieron como medida radical tomarse las instalaciones donde se construyen las viviendas, en un terreno de 2 hectáreas en el barrio Los Laureles, de la parroquia urbana El Triunfo de ese cantón, pero resaltan que los reclamos por su dinero empezaron en marzo pasado.

Con carteles en mano, los extrabajadores se turnan para hacer guardia en el lugar, ya que, según ellos, hace algunos días varios de los beneficiarios de las casas pretendían instalarse en los domicilios. Aquellos valores pendientes mantienen a los trabajadores con más deudas con terceros por servicios de alimentación y arrendamiento de casas para la estancia de varios obreros.

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Walter Vargas, subcontratista de mejoramiento de suelo, manifestó que en representación de varios colaboradores pide la cancelación de $47 000 de unos $170 000 que servirán para cubrir los haberes. “Desde hace un año presenté mi planilla y nada. El proyecto tiene un avance del 90 %, solo falta culminar conexiones de aguas servidas a la laguna de oxidación, tampoco es justo que los beneficiados no puedan ocupar sus casas, pero por otro lado nosotros necesitamos nuestro dinero”, dijo, al advertir que analizan una huelga de hambre si no hay solución.

Mario Comina, de la organización Migrantes de La Maná, que agrupa a varios obreros, refirió que aún los pagos son inciertos y que varios trabajadores han pedido dinero prestado para volver a sus hogares y otros ocupan las casas para seguir el reclamo.“Hay un compromiso de pago con el contratista, nos ha dicho que la única solución es que Ecuador Estratégico lo liquide... estamos dispuestos a realizar acuerdos de pago, pero que se ejecute”, expresó.

Ramón Moreira, quien reside en Santo Domingo de los Tsáchilas, laboró como albañil cinco meses en la obra y ahora ocupa una de las viviendas, al igual que Rodrigo Contreras, quien viajó desde Esmeraldas para trabajar como pintor.

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“A ella se le adeudan cerca de $5000, hemos tenido que hacer malabares para sobrevivir, más aún con la llegada de la pandemia. Exigimos el pago porque hemos acudido en comisión a todas las autoridades pertinentes y los compromisos han quedado en palabras”, citó la comerciante Margoth Corrales, hija de una adulta mayor que proveía de víveres y cuartos a los albañiles de la obra.

Sheyla Cárdenas, quien posee discapacidad visual de más del 50 %, vive una situación similar ya que también pide la cancelación de $2000. Desde que empezó a ejecutarse el proyecto, montó su tienda con el fin de generar ingresos y acomodó su casa para arrendarla.

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Álvaro Guamán, contratista de la obra que avanza en un 95 %, indicó que la falta de pago se presentó meses antes de que se ponga en marcha la liquidación de la Empresa Pública Ecuador Estratégico. “Estoy esperando se me cancele la última planilla presentada en la empresa pública, con esto se podrá cancelar a exempleados y proveedores”, dijo.

A su vez, David Tapia, gerente de Vivienda Rural y Urbano Marginal del Miduvi, dijo que se espera la entrega de la última planilla ($135 000) del contratista “para gestionar la cancelación, y así él pueda cumplir con los afectados. Nosotros tenemos responsabilidad con el contratista, mas, no con los manifestantes, pero queremos que nadie pierda”, manifestó. (I)