Una semana después de que una enorme explosión destruyó el puerto y varios barrios de Beirut, la cifra de fallecidos relacionados al hecho sigue aumentando.

Este martes se indicó que al menos 171 personas han muerto y que hay más de 6000 heridos, según un nuevo balance del ministerio de Salud de Líbano.

El balance precedente elevaba el número de fallecidos de 160 a 171.

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La deflagración en el puerto de Beirut fue provocada por un incendio en un almacén que contenía 2750 toneladas de nitrato de amonio.

Se planeaba, entre otros eventos, un minuto de silencio a las 18:08, la hora de la explosión. También se planeaba una vigilia a la luz de las velas.

La explosión ha provocado indignación contra la clase política y las agencias de seguridad, y el gobierno renunció el lunes. Después del desastre, salieron documentos a la luz que revelan que altos funcionarios sabían de la existencia de esas reservas cerca de las zonas residenciales y no hicieron nada al respecto.

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Aún no se conoce a ciencia cierta la causa del incendio en el almacén del puerto que detonó las sustancias químicas, una explosión tan potente que la onda expansiva se sintió en la isla de Chipre, a más de 200 kilómetros en el Mediterráneo.

“En apenas un minuto cambió el mundo para los habitantes de Beirut”, dijo Basma Tabaja, subjefe de la delegación local del Comité Internacional de la Cruz Roja.

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La explosión, que destruyó totalmente el puerto y dañó miles de viviendas y oficinas en la capital, se produjo en medio de la crisis económica sin precedentes que aqueja al país desde el año pasado.

Por otra parte, el martes comenzaron los contactos de trastienda para la formación de un nuevo gobierno tras la renuncia del primer ministro Hasssan Diab en la víspera. El gobierno de Diab, que contaba con el respaldo de la milicia Hezbollah y sus aliados, colapsó tras la explosión al anunciarse la renuncia de tres ministros.

El gobierno Diab se formó tras la renuncia de Saad Hariri en octubre del año pasado frente a las manifestaciones contra la corrupción endémica en las altas esferas del gobierno. La designación de Diab fue producto de meses de ásperas negociaciones.

Los libaneses reclaman un gabinete independiente de los partidos políticos tradicionales a los que atribuyen la pésima situación del país, así como una investigación independiente de la explosión.

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Las autoridades libanesas han rechazado una investigación internacional. La última decisión del gobierno antes de renunciar fue a de remitir el caso al Consejo Supremo Judicial, que entiende en delitos contra la seguridad nacional, la seguridad del estado y los de carácter político.

Trabajadoras domésticas quieren volver a casa

La joven Magret, de 25 años y procedente de Kenia, se quedó sin empleo después de la explosión en el puerto de Beirut que destruyó la casa en la que trabajaba para libaneses. Ahora, acampa frente al consulado de su país junto a una veintena de compatriotas en busca de una solución para poder volver a casa.

Mujeres afuera del consulado de Kenia.

"No me han pagado desde hace 9 meses (...) Hice mi maleta y me trajeron ayer aquí. Dicen que no me quieren pagar mi salario y se han ido", afirma frente el consulado de Kenia en Beirut, en el barrio de Badaro, donde anoche durmió porque no tiene adonde ir.

Una veintena de mujeres kenianas protestaron en la noche del lunes ante el cierre de su consulado después de que no recibieran respuesta por parte de las autoridades de su país para poder volver a Kenia debido a la situación del Líbano.

La deflagración arrasó los barrios céntricos de la capital y dañó los edificios de la periferia, dejando sin hogar a 300 000 personas, según datos oficiales de la gobernación de Beirut, entre ellas las trabajadoras domésticas.

"Si los libaneses no tienen comida (...) están viviendo con sus últimos ahorros. ¿Qué hay de nosotros, lo de piel negra y extranjeros? La gente de África...¿qué pasa con nosotros? Estamos sin comida, sin trabajo. Los libaneses no tienen trabajo. ¿Quién nos va a pagar?", asevera Catherine, de 31 años, es una de las afectadas.

Además de las kenianas, trabajadoras domésticas de Etiopía pasan por la misma situación desde hace meses, agravada por la pandemia del coronavirus que cerró las fronteras de su país.

Según el Ministerio de Trabajo libanés, un total de 144 986 personas procedentes de Etiopía contaban con permisos de trabajo nuevos o renovados para realizar trabajo doméstico, a fecha de noviembre de 2018, aunque esa cifra puede ser superior por aquellos que están indocumentados.

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que el país mediterráneo acoge a más de 250.000 trabajadores y trabajadoras migrantes domésticos, en su mayoría mujeres, que proceden de países africanos y asiáticos, y trabajan en domicilios particulares.

El personal doméstico migrante de Líbano se encuentra atrapado por el sistema de kafala, régimen de patrocinio migratorio "intrínsecamente abusivo que aumenta el riesgo de que sufra explotación laboral, trabajo forzoso y tráfico de personas, sin apenas posibilidad de conseguir reparación", según la ONG. (I)