Asamblea debate Ley que faculta a los agentes de control municipal o metropolitano aprehender a quienes venden drogas en espacio público

Los agentes de control municipal o metropolitanos podrán aprehender a presuntos infractores en delito flagrante de tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización, según lo plantea el proyecto de Ley Orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas, que entró a segundo debate en la Asamblea Nacional.

El legislador ponente, Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, destacó que en la Ley se incorpora los principios de descentralización y desconcentración a fin de que se aterrice en los territorios la formulación de los programas de prevención de acuerdo a su realidad local.

Se incorpora la prohibición del consumo de sustancias sujetas a fiscalización en los espacios públicos, prohibe criminalizar el consumo, y según Yépez, el proyecto se ajusta con lo que determina la actual Ley de Prevención del Consumo de Drogas donde se determina que los municipios deben cooperar en las políticas de prevención y rehabilitación.

Yépez defendió la atribución que otorgará este proyecto a los agentes de control metropolitanos y municipales para la aprehensión en delito flagrante para los que trafican con drogas en los espacios públicos.

Además se determinan políticas de prevención en consumo de drogas a través de la participación de medios de comunicación y los centros que regulación la Educación Superior.

Yépez comentó que se plantea la creación de un fondo nacional concursable para que todos los bienes y valores incautados por el delito de narcotráfico vayan a los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación que realicen los gobiernos autónomos descentralizados.

Marcela Aguiñaga cuestionó que el proyecto de Ley porque a su criterio norma una ideología de control y una ideología del disciplinamiento.

Cuestionó que se pretenda someter las adicciones al control de los organismos de seguridad dando paso a la criminalización, lo cual está prohibido en la Constitución.

Destacó que con este proyecto se otorga super poderes a los gobiernos autónomos descentralizados para que sean las autoridades locales las determinen lo que está prohibido en la norma constitucional, y advirtió que a la larga lo que se hará es excluir del espacio público a una persona que tiene una enfermedad y que lo que necesita es una mano que lo apoye.

Que es lo que se pretende con esta Ley, preguntó la legisladora, encerrar a las personas que tienen una adicción y empeorar los indicadores de violencia intrafamiliar.

En cambio, Vicente Taiano (PSC), manifestó que en el fondo el proyecto en discusión tiene sentido y buena intención más allá que necesariamente tiene que ser mejorado desde lo jurídico y lo práctico.

Dijo que es necesario que se precise que el hecho de permitir o aprobar la norma que otorgue a los municipios competencias en la prevención del consumo de drogas venga de la mano con recursos y no imposiciones. No solo un fondo concursable sino que sean competencias con recursos que verdaderamente permitan trabajar de manera integral y obtener resultados, apuntó.

Comisión general

La Asamblea Nacional recibió en comisión de general al concejal de Quito y presidente de la comisión de seguridad, Bernardo Abad, quien presentó el respaldo al proyecto porque a su criterio permitirá a los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de sus competencias, implementar programas especiales destinados a la prevención del consumo de drogas, expedir ordenanzas que prohíban el consumo de sustancias sujetas a fiscalización en espacios públicos.

Incluso resaltó que la Ley permitirá que los cuerpos de agentes de control municipal o policía municipal o metropolitana para aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización, pero deberán entregar al detenido de manera inmediata a la Policía Nacional para que siga el procedimiento correspondiente.

Abad, comentó que actualmente existe normativa para sancionar a las personas que ingieren alcohol en los espacios públicos e incluso en los vehículos, pero que es lamentable que no haya normativa para detener y sancionar a quienes consumen droga en los espacios públicos.

Gustavo Valencia, representante de los Centros Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo de Alcohol y otras Drogas (CETAD 12 pasos), comentó que se hace necesario que los municipios se encarguen de las campañas de prevención y que crean ordenanzas para la recuperación de los espacios públicos y ejercer control sobre el consumo de drogas.

Dijo que un diagnóstico del fenómeno social de las drogas ilícitas determina que alrededor de 50.847 estudiantes declararon haber usado marihuana durante los últimos doce meses; 29.807 usaron inhalantes; y, 17.533 usaron cocaína.

Indicó que es necesario que se descentralice el proceso de control del consumo de drogas en el país, porque las dinámicas de expendio y consumo en las ciudades son distintas entre la Sierra, Costa, Galápagos y la Amazonia.

Recomendó que los municipios conformen un comité multidisciplinario para la ejecución de un proyecto municipal con especialista en psiquiatría, trabajo social, psicología y medicina especializada; establecer ordenanzas enfocadas en prevención del consumo con el involucramiento de padres de familia y estudiantes.

Julieta Sagnay, directora del programa UN Futuro Sin Drogas del Municipio de Guayaquil, pidió a la Asamblea apurarse en la aprobación del proyecto porque el consumo de drogas ya es una epidemia, pues a nivel mundial se reporta más de 500 mil muertes, y en nuestro país es un problema grave de salud.

Contó a los legisladores que diariamente atiende pedidos de madres que solicitan ayuda para sus hijos, incluso algunas señalan que prefieren verlos presos; que hay madres que han cambiado la cama por la ventana, porque pasan asomadas viendo cómo sus hijos recogen botellas para venderlas y conseguir su dosis diaria de drogas.

Dijo que algunos consumidores llegaron a la desesperación en Guayaquil que durante la pandemia se dedicaron a cargar cadáveres por 10 ó 20 dólares para su dosis.

No está de acuerdo con la criminación del consumo de droga y con la cárcel por consumo, y sugirió cambiar la figura por disuasión, y recomendó tomar modelos exitosos de otros países como Portugal, que tiene como eje de disuasión donde se invita a los pacientes a rehabilitarse, y con ello se evita la conducta delictiva.

Que el programa que dirige en Guayaquil atiende a más de 8 mil jóvenes y se hace una desintoxicación ambulatoria, pero que no con todos funciona porque muchos necesitan estar en la cama de un hospital. Que durante la cuarentena por el coronavirus, el 18 de marzo alrededor de 300 jóvenes acudieron al centro para recibir tratamiento y pasar la desintoxicación en casa, pero que cuando la ciudad pasó a semáforo amarillo, algunos regresaron al consumo.

Tras siete intervenciones de los legisladores, la sesión No. 670 se suspendió y se reinstalará la próxima semana para continuar con el debate antes de su aprobación definitiva. (I)