Para Xavier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), la aprobación de las leyes de Apoyo Humanitario y Finanzas Públicas son importantes para el desarrollo del país en medio de la pandemia del COVID-19; sin embargo, destaca que se han venido dando cambios importantes para el sector agropecuario desde el 2019 con la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico; y en febrero pasado, con la presentación del plan de Política Pública Agropecuaria 2020-2030.

¿Qué cambios llegan al agro con la Ley de Apoyo Humanitario?

Desde el año pasado en la Ley de Crecimiento Económico ya venia dándose un componente de política pública agropecuaria, más allá de la Ley Humanitaria y del impacto que hemos tenido por el COVID-19, ya en febrero le entregamos al presidente (Moreno) la propuesta sobre la Política Pública Agropecuaria 2020-2030...ya desde la Ley de Crecimiento se vienen dando algunos beneficios que hoy y con mayor razón, por la urgencia que tenemos de brindar válvulas de alivio, dan oportunidades al campo, pero es necesario consolidarlos en un paquete de herramientas que permitan no solo reactivar, sino seguir orientando al sector agropecuario.

¿Qué avances ha tenido el agro con la Ley de Crecimiento?

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En la Ley de Crecimiento ya estaba la disminución al Impuesto de los Consumos Especiales cuando alguna bebida alcohólica y que son marcas nuevas utilicen más del 60 % de productos agropecuarios nacionales y no importados... También hay una propuesta para evitar la doble tributación en la cadena del banano y plátano... adicionalmente se aprobo el Impuesto Único Agropecuario que tiene un espíritu de formalización, más no de recaudación, y tiene como fin enfrentar el contrabando.

¿Qué es lo nuevo para el sector ahora en la Ley Humanitaria?

La única cosa que se puso de la Ley Humanitaria es el tema de la liquidación de los inventarios e insumos de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA); como lo ha indicado el Presidente algunas empresas públicas se van a liquidar y van a pasar a su ente rector, en este momento la UNA vuelve al MAG como siempre debió ser.

Pero dentro de la ley se indica que se va a realizar una fijación de precios de alimentos y bebidas dentro de la canasta familiar. ¿El MAG participará?

El ministerio se involucra en esto, claro que sí, porque no solo hacemos monitoreo en los mercados, establecemos con acuerdos ministeriales precios mínimos de sustentación. Lo que se pretende es tratar de impactar de forma positiva a ambos; al consumidor, pero sobre todo al productor pequeño o que viene de la agricultura familiar campesina.

¿Cómo se llevará este proceso con la UNA?

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Con esta decisión va a ser más fácil servir a muchos agricultores necesitados de insumos, y es una decisión importante que permite mover los inventarios que al final del día, mientras más se demore, más costosos serán. La idea es que la UNA deje de existir como empresa pública y pase a un modelo anclado a un proyecto de comercialización del MAG como era antes, por ejemplo con Emprovid.

¿Cuánto tomaría este proceso?

Alrededor de 6 y 9 meses.

¿Cuándo habla de un paquetes de herramientas se refiere a una nueva ley?

Hay algunos instrumentos que no entraron a la Ley Humanitaria que deben estar empaquetados en solo cuerpo, por ejemplo la reforma el Artículo 22 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Sistema Financiero Popular y Solidario orientadas para que también tenga la posibilidad de tener varias actividades económicas; reformas de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Ancestrales; Ley de Deuda y Reestructuraciones también...

¿Y cómo se plantea realizar estas reformas?

Hemos conversado con Presidente de la República y con el Gabinete Económico para empaquetarla y poderla presentar, allí hay temas que son de decretos del Presidente y otras de reglamentos que tiene que reformarse.

¿En cuanto la Ley de Finanzas Públicas cómo contribuirá el MAG?

El MAG ya venía en un proceso de optimización de sus unidades un poco más transversal al momento de poder ejercer su trabajo territorial y en la forma en que se establecen los diferentes instrumentos de política pública agropecuaria. (I)