Este 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia, este año, casi todo el mundo lo vive en cuarentena por la pandemia del COVID-19.

A la vez que reúne a la familia, paradójicamente esta cuarentena ha incrementado los niveles de violencia intrafamiliar en Ecuador y en el mundo, dice Emilio Carrillo, director de Aldeas Infantiles SOS Guayaquil.

En Ecuador, 3 de cada 10 niños reciben castigo físico de sus padres. Cuando se produce un caso de abuso sexual infantil, solo el 15 por ciento de las familias denuncian. Cada semana, 40 niñas, entre 10 y 14 años, dan a luz, reza un comunicado de Aldeas Infantiles SOS.

Publicidad

El ECU-911 hasta mediados de abril ya registraba casi 18 mil casos de violencia intrafamiliar durante el aislamiento social; lamentablemente estos casos no están categorizados, no se puede definir si son por maltrato infantil, por abuso sexual o por negligencia.

La situación de violencia intrafamiliar se ha ido agravando dentro de los espacios de confinamiento que son la familia y esencialmente porque quienes viven la violencia pasan mucho más tiempo con quienes son agresores dentro del hogar, explica Carrillo.

Aldeas Infantiles SOS, que tiene más de 55 años en Ecuador, está presente en seis provincias: Pichincha, Azuay, Guayas, Manabí, Esmeraldas e Imbabura. Su misión es trabajar por familias libres de violencia, desde el acompañamiento para una crianza positiva, convivencia familiar saludable, para que la familia logre garantizar los derechos y el desarrollo de las habilidades parentales de las niñas, niños y adolescentes. Se encargan de niños que perdieron el cuidado de sus familias debido a violencia física, sicológica, sexual, delincuencia o descuido.

Publicidad

Atienden de manera integral con educación, vivienda, salud, alimentación, apoyo sicológico, desarrollo de habilidades para la vida y trabajan para que los niños, de alguna manera, regresen a sus familias cuando las condiciones hayan cambiado o para que se desarrollen en su juventud para su autonomía, dice el director. "Debemos comprender que este problema no es solo de la víctima o de la persona que está inmersa en una situación de violencia, sino que todos tenemos una responsabilidad ante un problema que es público y debemos operativizar todas las rutas y protocolos para la protección de los derechos", concluye el director. (I)