La posibilidad de eliminar o focalizar los subsidios a los combustibles, menos el gas, entra otra vez al debate del Gobierno. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó la noche del jueves que los decretos en torno a los subsidios “están en marcha”. Explicó que actualmente es oportuno dicho retiro tanto para transparentar la economía y porque en este momento bajaría el precio de la gasolina para la ciudadanía.

Entre tanto, el ministro de Energía, René Ortiz, comentó el viernes que el precio bajo del crudo ha eliminado el subsidio. “Solo hay que sacramentarse con un decreto ejecutivo”, dijo, pero también mirando el momento político.

Pero el tema aún genera rechazo en varios sectores sociales como el FUT y la Conaie, mientras es visto como un tema saludable por sectores como la CUT y analistas económicos.

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Walter Spurrier considera que lo ocurrido en octubre estuvo mal manejado por el Gobierno, pero que es poco probable que ahora haya un levantamiento de esas dimensiones. Para él, es una buena oportunidad de eliminar, debido a que no hay subsidio y más bien se está vendiendo el combustible más caro al consumidor. Sin embargo, piensa que el régimen no debe enredarse en sistemas complejos de focalización, sino entregar compensación al sector del transporte público y nada más. Para camionetas que transportan alimentos y otros productos, dice que el transporte no es un componente muy fuerte, por lo que no se esperaría que haya un impacto tan grande.

Por su parte, Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, indica que el subsidio debe ser focalizado adecuadamente hacia el transporte público y campesinos, y considera que las personas que tienen un auto sí deben pagar lo que cuesta el combustible. La manera de aplicar el subsidio, agrega, sería a través de herramientas tecnológicas y un censo para establecer a los beneficiarios. E ir acompañado por un cupo de galones, para evitar la ‘viveza criolla’.

Apauki Castro, dirigente de la Conaie, se mostró totalmente contrario a la propuesta. Dice que espera que esta medida no llegue a darse, pues se generaría un estallido social, que ya viene provocándose desde el recorte del presupuesto a las universidades. La oposición a la medida, explica, tiene que ver con que, a su parecer, es una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) que busca establecer un régimen neoliberal.

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Mesías Tatamuez, del FUT, asegura que jamás aceptarán la eliminación y también advierte de un posible estallido social.

Entre tanto, Martínez ha indicado que Ecuador va a dejar de percibir unos $8000 millones de ingresos, y que esto, sumado a los $3500 millones de déficit existente, genera un hueco enorme. El ministro prevé hacer este año un recorte de $5000 millones en el gasto, que tiene que ver con la liberación de pagos de intereses de los bonos de deuda, pero también de baja de masa salarial, bienes y servicios y gastos de capital no prioritarios.(I)