La Asamblea Nacional tramitó el primer debate el proyecto de Ley orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de drogas que obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), a implementar regulaciones para prevenir, controlar e impedir el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización.

El proyecto de iniciativa del legislador José Serrano (Alianza PAIS) otorga herramientas legales a la autoridad educativa nacional para implementar mecanismos para la detección del microtráfico en las escuelas y colegios del país, y espacios públicos de recreación a través de los municipios.

Además los GAD están obligados a establecer un monitoreo permanente de vigilancia física con medios electrónicos en exteriores de establecimientos educativos.

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También se crea un fondo nacional concursable para la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas que servirá para financiar o cofinanciar los programas que se realicen en el territorio nacional.

Igualmente se obliga los medios públicos a asignar 5 % de espacio en su programación y 2 % en los medios privados para la difusión de contenidos para la prevención y erradicación del consumo de drogas; así como incentivar la práctica de actividades deportivas y recreativas.

La propuesta prevé reformas a la Ley de Movilidad Humana que impiden la naturalización de personas extranjeras que hayan cometido delitos relacionados con el narcotráfico y microtráfico.

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Serrano consideró que en la política para prevenir el microtráfico se debe empezar de lo local hacia lo nacional, para ello, los gobiernos locales estarán obligados a recuperar el espacio público con la implementación de actividades deportivas y recreativas para el uso correcto del tiempo libre de niñas, niños y adolescentes.

“Si queremos construir verdadera política preventiva contra el consumo de drogas y el microtráfico no vayamos desde lo nacional hacia lo local, sino de lo local hacia lo nacional; y tenemos que lograr la incorporación de manera obligatoria a los gobiernos autónomos descentralizados”, insistió el legislador.

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La asambleísta Marcela Aguiñaga (Revolución Ciudadana) en cambio advirtió que el proyecto daría un cheque en blanco a los GAD, porque se deja abierta la posibilidad para que de “manera subjetiva y sin ningún tipo de criterio emitan regulaciones de prevención, pero lo más grave es que se emitan regulaciones para impedir el consumo de drogas, cuando se habla de impedir qué es sanción punitiva o multa”, preguntó.

Alertó que cuando se habla de regulaciones para impedir el consumo habrá sanciones diversas en los cantones y unas más peligrosas que otras desde el ámbito constitucional.

También en el debate se planteó la necesidad de que los GAD puedan impulsar la creación y mantenimiento de centros especializados para el tratamiento de adicciones.

Héctor Yépez, presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos, llamó a la unidad de los legisladores para aprobar el proyecto y anunció que a más de la prevención el proyecto debería estar enfocado en la rehabilitación de aquellas personas que cayeron en las drogas. Que se hace necesario una verdadera voluntad política para poder atacar las adicciones como un problema de salud pública e incorporar planes educativos en todos los niveles de educación incluyendo universidades.

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Tras cerrarse el debate en el pleno, el proyecto regresará a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. (I)