Cinco años después de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, el Gobierno calificó el caso como una “desaparición forzada” cometida por agentes del Estado, y activó una millonaria recompensa de 1,5 millones de pesos (unos 75.000 dólares) para quien proporcione información del paradero de los estudiantes.

Mientras familiares y activistas manifestaban, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, y reiteró que es una prioridad para su gobierno esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes y hacer justicia.

“Como lo he dicho desde un principio, estamos convencidos de que en el caso de estos muchachos de Ayotzinapa, la única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna”, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México.

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Encinas también se refirió al rol del Estado en los hechos bajo el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El caso está siendo reinvestigado como una “desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano”, afirmó.

La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron a Iguala, en el sureño estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses para manifestaciones.

Pero fueron capturados por policías coludidos con el cartel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos. (I)