Inversiones de Isspol, en la mira de Superintendencia de Bancos

Las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) están bajo la lupa de la Superintendencia de Bancos. El Isspol, que maneja los dineros de los policías y garantiza la atención de salud y jubilaciones en este sector, ha registrado decenas de operaciones consideradas por el ente de control como inseguras e incluso ilegales. Así lo revela un informe borrador de la entidad, al que este Diario tuvo acceso,  cuya autenticidad  fue ratificada. 

 Entre las inversiones que se encuentran observadas están aquellas bajo la figura de “Pacto de recompra cesión de derechos fiduciarios”, mismas que generaban intereses del 9%  y que fueron realizadas entre enero del 2016 y el 31 de agosto de 2018. 

La Superintendencia habría contabilizado $ 43 millones de pérdidas. La cifra fue considerada totalmente errónea por el general David Iván Proaño Silva, quien acaba de dejar el cargo de director del Isspol, tras cuatro años al frente de la institución. 

 ¿Pero qué halló la Superintendencia? Uno de los problemas de las inversiones bajo la figura de pacto de recompra cesión de derechos fiduciarios es que a pesar de que la ley obliga al Isspol a realizar inversiones privativas a través del mercado de valores, estas operaciones se hicieron de manera directa, sin intermediarios. 

También se indica que estos contratos se hicieron a través de documentos privados, no por escritura pública. Para la Superintendencia, la falta de inscripción de los contratos en el Registro de la Propiedad provoca la invalidez de los contratos de cesión de derechos de beneficiario, afectando la seguridad para el Isspol. Así, la Superintendencia ordenó no retomar este tipo de inversiones y más bien iniciar un plan de desinversión. 

Lejos de cumplir la recomendación del organismo de no continuar con este tipo de inversiones realizada  en mayo del 2018, Proaño hizo renovaciones de los mismos contratos en noviembre del mismo año. 

La renovación, según el informe, genera mayor riesgo de recuperación de las inversiones. En agosto  del 2018, el monto de inversiones vencidas sumaba $ 20 millones. 

El informe nombra a varias empresas privadas involucradas en este modelo de inversión: Centinela Costa Club, Universidad Tecnológica del Ecuador, empresa Jorge Saguay e hijos (La Cigarra), Moprocorp, Agrícola Pura Vida. 

El informe generó un enfrentamiento jurídico entre la anterior administración del Isspol, encabezada por el general David  Proaño, y la Superintendencia que (pese a la salida de Proaño) aún no se subsana. 

Luego de pedir revisión del informe en la propia Superintendencia,  Proaño lo impugnó ante el Tribunal Contencioso, al organismo de control,  en enero del 2019.  Proaño también pidió, en julio pasado, una  acción de protección pues consideraba que lo actuado por la Superintendencia vulneraba sus derechos . Sin embargo, esta le fue negada. 

En medio del conflicto, el 6 de agosto pasado, se registra un cambio de director en el Isspol, y el general Jorge Villarroel reemplaza a Proaño. 

En diálogo con este Diario, Villarroel explicó que hace pocos días el Consejo Directivo del Isspol se reunió con la Superintendencia y obtuvo  una explicación  de la situación de la entidad. Sobre las recomendaciones,  explicó Villarroel, la actual administración está dispuesta a acogerlas.  “Las recomendaciones se van a poner en práctica para evitar que haya un alto riesgo”, comentó. También indicó que el plan de desinversión  se está revisando. 

QUITO.A través de una carta al ministro de Finanzas, el general Proaño advertía que las medidas de la Superintendencia afectarían al sector productivo. 

Sobre las pugnas jurídicas añadió que ese tema debe ser tratado por el Consejo Directivo. El general Villarroel, que también es abogado, dijo que hará su propio análisis. Sostuvo que aún no han entrado a analizar el tema de las inversiones, pero se lo hará en las próximas semanas. De acuerdo con Villarroel, sus primeras acciones  frente a la entidad han sido para  mejorar el sistema de salud. Sobre la inversión con La Cigarra, de un  millón de dólares,  reveló que esta tiene un importante edificio como garantía. 

Entre tanto, la acción de protección negada fue apelada por Proaño, el último día de su gestión. En cambio, sobre el juicio que está pendiente en el Tribunal Contencioso, se ha fijado una audiencia preliminar para enero del 2020. (I)