El Gobierno espera firmar hasta noviembre un Acuerdo Nacional por la Seguridad Social para garantizar su sostenibilidad con la aplicación de políticas públicas.

De lo contrario, el Seguro Social no va a tener capacidad de pagar a sus pensionistas o dar servicios de salud, advirtió este martes Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en un encuentro realizado con afiliados a la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana (Amcham).

El funcionario dijo que hay temas estructurales como que entre el 2009 y el 2014 hubo una “falsa percepción de riqueza”, la resolución 501 (cambia el porcentaje de distribución del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud), la ampliación de servicios sin financiamiento o el incentivo a la jubilación.

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En el 2009, agregó, se incluyó a los hijos menores de 18 años entre los beneficiarios del servicio de salud, con un impacto de $ 280 a $ 300 millones sin ninguna contraprestación del afiliado. Consideró imposible dejar de prestar ese servicio pero, a su criterio, sí se podría tomar una decisión que de alguna manera lo compense. Ese, dijo, es uno de los temas estructurales sobre los cuales se debe dialogar en el Acuerdo Nacional.

Señaló que se cubrió el Fondo de Pensiones acudiendo al BIRDDS, en donde empezaron a desinvertir los recursos. El promedio de desinversión cada año, desde el 2015, es de $ 1.700 millones. En total, $ 6.000 millones. Para este año se han puesto como meta pasar de $ 1.700 millones a $ 500 millones, y no desinvertir.

Acerca de la deuda que el Estado tiene con el IESS por servicios de salud, y que la estimó en unos $ 3.000 millones, indicó que Contraloría los obligó a constituir un comité con el Ministerio de Finanzas para la determinación de la deuda, a través de una auditoría. También señaló que el sector privado tiene una deuda estimada de unos $ 1.400 millones.

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En la mira también está una campaña de afiliación, pues han determinado que hay unos 500.000 trabajadores que tienen capacidad contributiva pero que no están afiliados.

“No solamente la discusión está en si subimos o no la edad para la jubilación, o no solamente está en si discutimos o no el porcentaje que se entrega de contribución de cada uno de los afiliados...”, dijo Granda. El acuerdo que propone el Gobierno tiene tres fases: diagnóstico y de información, mesas temáticas con asesoría internacional y la toma de decisiones. (I)