El Gobierno de Japón revisará su legislación para prohibir los castigos físicos a los niños por parte de sus padres o tutores legales. La medida se produce después de dos incidentes que causaron la muerte de menores y pusieron de relieve la falta de medidas para evitar estos casos. El Ejecutivo que lidera Shinzo Abe tiene previsto revisar la normativa vigente, que prohíbe el maltrato infantil, aunque no estipula con claridad qué tipo de casos pueden considerarse como castigo corporal.

La reciente muerte de dos menores tras sufrir este tipo de castigos por parte de sus padres ha tenido un gran impacto social e incluso atrajo la atención del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En el mes de marzo del 2018, una niña de 5 años falleció en Tokio tras ser víctima de abusos continuados y negligencias en su hogar. Su padrastro había sido detenido en dos ocasiones por maltratarla y su madre impidió a los servicios sociales visitar a la menor.

En enero del 2019, otra niña de 10 años murió en Chiba (este de Tokio) después de sufrir maltratos como ser privada de comida y de sueño por sus padres. Una investigación posterior reveló que, también en este caso, tanto los servicios sociales, como la escuela donde estudiaba la niña y las autoridades locales estaban al corriente de la situación.

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Más efectividad para evitar abusos

La revisión legislativa tratará de reforzar la autoridad de los centros sociales de protección de menores, para dotarles de más competencias que agilicen la retirada de la custodia infantil a padres maltratadores, además de introducir una prohibición clara de emplear castigos corporales a menores para imponer disciplina.

El pasado mes de febrero, el Comité de Derechos del Niño de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) instó a Japón a "dar prioridad a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños", y recomendó en particular habilitar medidas más efectivas para que las víctimas de los abusos puedan denunciarlos.

El panel de la ONU expresó su preocupación por "el alto nivel de violencia, explotación y abusos sexuales contra los niños" en Japón, en su informe quinquenal sobre la situación de los menores en el país asiático.

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La normativa japonesa actual únicamente señala que los padres o tutores legales de los menores deben "tener consideración para ejercitar de forma apropiada su autoridad a la hora de imponer disciplina" sobre los niños. Según datos de la Agencia Nacional de Policía, en 2018 se investigaron en Japón 80.104 casos de supuestos maltratos y abusos sexuales a menores, lo que supone una cifra récord y un incremento del 22,4 por ciento respecto al año precedente. (I)