Desde algunos sectores se pide más transparencia al Gobierno sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El régimen anunció el 20 de febrero un acuerdo con el equipo técnico del organismos que implicaría el acceso a financiamiento por $ 10.200 millones ($ 4.200 millones del FMI y $ 6.000 millones de otros multilaterales).

Se calcula que a mediados de marzo se podría dar una aprobación final por parte del Consejo Directivo del FMI (board) y solo entonces se conocería todo el acuerdo.

Así, la Defensoría del Pueblo pidió hacer públicos tanto el acuerdo como los documentos vinculados.

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El ente dijo que este contrato de deuda se puede entender como un tratado internacional negociado y acordado con agencias intergubernamentales y estatales. Argumentó que el artículo 419 de la Constitución determina que todo tratado internacional, incluidos acuerdos bilaterales, que comprometan “la política económica... a condiciones de instituciones financieras internacionales” requiere aprobación de Asamblea y dictamen de Corte Constitucional.

El catedrático Santiago García coincidió en que las condiciones negociadas con el FMI deben ser hechas públicas, para así poder tener un diálogo amplio con la sociedad.

“Las preguntas que quedan en el aire son: ¿Qué va a suceder con el IVA, con el mercado de trabajo, con las empresas públicas? ¿Tal vez se eliminarán aranceles?, entre otras”. Para García este tema no es solo responsabilidad del Gobierno, pues a la larga las decisiones afectarán a la ciudadanía.

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Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, dijo que para poder conocer el acuerdo primero debe existir uno; y que aún está en perfeccionamiento y quedará plasmado en la carta de intención.

También consideró que este tipo de contratos de endeudamiento no requieren aprobación de Asamblea ni de Corte. Según Acosta, la Defensoría trata de politizar el tema, pues desconoce la gravedad de la situación económica. (I)

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