Declarar el estado de emergencia del Sistema de Rehabilitación Social, gestionar ante la Asamblea cambios normativos para el fortalecimiento de la política criminal y de prevención del delito, adoptar acciones emergentes para reducir el hacinamiento son entre otras las recomendaciones que hacen parte del informe realizado por la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, parte de la Defensoría del Pueblo.