El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, acusado de rebelión en un juicio que se celebra en Madrid, dijo el jueves que se consideraba un preso político e insistió en que Cataluña tenía el derecho de autodeterminación.

Junqueras es el más prominente de los 12 líderes catalanes que están en un juicio en el Tribunal Supremo español por su papel en el fracasado intento de secesión de 2017, en un caso paradigmático que refleja las profundas divisiones políticas en España y que desencadenó la mayor crisis política del país en décadas.

"Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", dijo al tribunal.

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"Fui cesado como vicepresidente de la Generalitat y fui cesado por la aplicación del (artículo de la Constitución) 155 y por ello me considero un preso político", dijo Junqueras, en referencia a la decisión del Gobierno español de asumir el control de las instituciones catalanas tras la declaración de independencia en octubre de 2017.

Esa declaración llegó después de un referéndum independentista que fue considerado ilegal por parte de los tribunales y al que el entonces Ejecutivo español, liderado por Mariano Rajoy, respondió enviando policías a la región.

El uso de la fuerza policial para tratar de evitar la votación generó una oleada de críticas.

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Defiende votación 

Consultado por su abogado sobre aquel día, Junqueras dijo: "Votar en un referéndum no es delito, en cambio, impedirlo por la fuerza, sí".

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Junqueras rechazó cualquier sugerencia de que hubiera incitado a la violencia durante la votación, un componente necesario para la acusación de rebelión a la que se enfrenta y que conlleva una pena de hasta 25 años de prisión.

Pese a estar en prisión preventiva desde noviembre de 2017, Junqueras sigue siendo el presidente del partido independentista de izquierda ERC, que gobierna en Cataluña junto al conservador PDeCAT.

Los acusados dicen que son presos políticos, pero el Gobierno español asegura que están siendo tratados estrictamente bajo el marco legal.

Nueve de los 12 acusados están en prisión, mientras que otros tres, que afrontan cargos menores con una pena máxima de hasta siete años de cárcel, están en libertad bajo fianza. (I)

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