Procedimientos para atender delitos, criticados por víctimas

Procedimientos para atender delitos, criticados por víctimas
Operadores que reciben llamadas, además de miembros de la Policía y el Ejército están presentes en el ECU-911, que tiene su centro en La Puntilla. Jorge Guzmán
7 de Febrero, 2019
7 Feb 2019

Luego de que individuos armados le arrebataran, al mediodía del martes pasado, una cámara fotográfica valorada en $ 5.500, a un fotógrafo de este Diario, él y el conductor de la camioneta persiguieron por diez cuadras a los ladrones. Fue en vano. El fotógrafo narró que en ese lapso llamó al ECU-911, pero indicó que le respondieron que la Policía no apoyaba en persecuciones, que si quería se detuviera en un lugar fijo para que alguien fuera a atenderlo.

El ECU-911 reaccionó, pero recién la mañana de ayer. Emitió un comunicado en el que señala que, una vez analizado el caso, “el evaluador de llamadas incumplió el protocolo” para estos casos y aclaró que en asunto de robos el pedido lo despacha de inmediato a la Policía.

Pero este no es un caso aislado, en menos de dos semanas se han presentado al menos cuatro procedimientos de auxilio cuestionados y que involucraron a la Policía, al ECU-911 y a la Fiscalía.

El 26 de enero, una joven universitaria esperó, sin éxito, más de dos horas una efectiva ayuda policial para recuperar su celular robado. Narró que mediante un sistema de rastreo el celular en poder de los ladrones recorrió Los Ceibos, la isla Trinitaria, regresó al norte y volvió al sur, donde a las dos horas fue desconectado y se perdió la señal.

Narró que todo ese tiempo estuvo solicitando ayuda al ECU-911 y a los policías de la Unidad de Policía Móvil (UPM) cercana a su casa. Le ofrecieron llevarla en una moto, ella se negó por el peligro. Luego los policías le dijeron que como la Trinitaria era otro distrito no podían salir del suyo, que debían pedir permiso.

A los tres días y luego de que ella publicara un video en las redes, fue invitada a ver la operación del ECU-911. “Me dieron a entender que ellos agotaron sus recursos porque además ese día era la Noche Amarilla, pero entiendo que el sistema es el que no funciona porque todos trabajan por separado, el ECU-911 es por separado y la Policía tiene otro sistema”, señaló en una entrevista con este Diario.

Un día después, Carlos Mera, subcomandante de Policía de la zona 8, aseguró que los uniformados colaboraron con la afectada pero que la unidad especial se demoró porque estaba ocupada en otro procedimiento.

Dos casos que involucran también a la Fiscalía se relacionan con violaciones. El 28 de enero, una mujer venezolana que denunció haber sido violada por un amigo, con ayuda de la pareja de este en una casa del norte y que fue auxiliada por vecinos, esperó casi 20 horas para que concluya el trámite de su denuncia y se dicte prisión para sus agresores. La audiencia de flagrancia concluyó a las 23:55 cuando faltaba poco tiempo para que venza el plazo establecido por la ley.

Otra joven debió esperar casi 8 horas el pasado lunes para legalizar su denuncia, luego de que fue retenida y violada.

En redes sociales se han dado a conocer otros casos de llamadas desatendidas por el ECU911, aunque esta entidad, según sus voceros, tiene un proceso establecido.

 

Otra denunciante de violación pasa horas de incertidumbre en la Fiscalía

Una joven que llegó a la Fiscalía para denunciar una agresión sexual debió esperar ocho horas para que le tomaran la muestra de examen necesaria para un examen toxicológico.

La orden de la Fiscalía al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) no fue ejecutada con prontitud porque una funcionaria de esta última entidad habría exigido un sello del Ministerio de Salud en el documento, según el fiscal que conoció el caso.

La denunciante había llegado a la Unidad de Flagrancia a las 03:40 del martes para denunciar el asalto y posterior violación de que supuestamente fue objeto en Pascuales, norte de Guayaquil, la noche del lunes pasado. Debió esperar que el Inspi atienda en su horario ordinario y luego superar la traba burocrática. Le tomaron la muestra a las 12:51 del martes.

El 28 de enero pasado, una mujer venezolana que denunció haber sido violada esperó casi 20 horas para que concluya el trámite de su denuncia y se dicte prisión a su agresor, un conocido suyo que le había invitado a su casa en el norte.

Pasó horas en la Fiscalía de la Florida intentando procesar a los detenidos por violencia intrafamiliar, pero luego la cambiaron a lesiones y violencia psicológica. En la noche, un juez dictaminó violación y la mandó de regreso a la Fiscalía del Albán Borja.

Hernán Ulloa, abogado de la primera mujer, indicó que en las horas de espera las sustancias se eliminan del cuerpo y no podría quedar evidencia.

El fiscal que conoció el caso llamó a los órganos pertinentes a mejorar los sistemas en favor de las víctimas que requieren de exámenes toxicológicos.

Este Diario se contactó con el departamento de Comunicación del Inspi, que indicó que emitiría un pronunciamiento luego del análisis del caso. (I)

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Seguridad
2019-02-07T11:43:41-05:00
En un caso a víctima de asalto que llamó al ECU-911 no la atendieron por estar en persecución.
El Universo

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