La falta de voluntad política de Ecuador y Colombia para encontrar la verdad del secuestro y muerte de los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio; el pedido del procurador ecuatoriano de que se levanten las medidas cautelares de la CIDH y que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) no extienda su trabajo más allá de diciembre próximo, son entre otros los elementos que hacen pensar a los familiares de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra que el caso va "camino a la impunidad".

Este miércoles, Galo Ortega, Ricardo Rivas y Yadira Aguagallo, representantes de las tres familias afectadas, en rueda de prensa rechazaron las palabras de representantes del Estado ecuatoriano para este caso, entre ellos, del procurador general Iñigo Salvador.

Según Aguagallo, pareja del fotógrafo asesinado Paúl Rivas, ellos reciben los pronunciamientos del Estado con profunda indignación y dolor, pues les llevan a pensar que el Estado no les habló con la verdad sobre el secuestro y asesinato y que tampoco ha tenido un verdadero compromiso para identificar a los responsables en todos los niveles.

"Lo que creemos es que el Estado ecuatoriano quiere dejar todo el peso de la investigación en Colombia para no hacerse cargo. De ahí que no podemos creer en las palabras del procurador general (Iñigo Salvador) de que confiemos en la justicia. Cómo confiamos en una justicia que está negando el cometimiento de un delito en su territorio, que se niega a realizar las pericias documentales y testimoniales que hemos pedido. No podemos confiar en esa justicia y es lamentable decirlo", explicó Aguagallo.

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Ricardo Rivas asegura que las familias de los tres secuestrados y asesinados están claros en que no deben levantarse las medidas cautelares de la CIDH y que tampoco el ESE debe entregar su informe en diciembre sino tiene que extenderse en su trabajo unos tres o cuatro meses más.

Claridad de dónde fue el secuestro

Los familiares de Paúl, Javier y Efraín hicieron una invitación pública al fiscal que lleva el caso Wilson Toainga para que les exponga cuál es la documentación o cuáles son las evidencias para determinar dentro de la investigación previa que el secuestro no fue en Ecuador, sino que se dio en Colombia, como el procurador Salvador lo indicó.

"Es mucho más fácil lanzarse la vida de los tres chicos de un lado de la frontera a otra y en este momento es mucho más fácil volver a hacer lo mismo y no investigar. (...) Ninguno de los dos estados quiere aceptar sus responsabilidad política, ni tampoco ninguno de la dos estados quiere investigarse, aún para descartar las responsabilidades. Eso es allanar el camino hacia la impunidad", apuntó Aguagallo.

El lunes pasado, el procurador Salvador sobre el levantamiento de las medidas cautelares dijo que ellas ya perdieron razón de ser, debido a que el daño irreparable que las mismas debían evitar fue ya causado, es decir, se dio la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

En cambio en lo referente a que el ESE termine su trabajo este diciembre como estaba definido en el cronograma, el procurador ecuatoriano reflexionó que de momento no ve ni la necesidad, ni la pertinencia jurídica de que esta instancia continúe trabajando.

Galo Ortega, padre del periodista asesinado por gente de alias Guacho, no descarta realizar una huelga de hambre para presionar a que las autoridades de los dos países den una respuesta concreta sobre quiénes ocasionaron las muertes, dónde se dio el secuestro y asesinato, qué intereses estaban tras los hechos y quiénes tendrían participación directa e indirecta en el fatal desenlace. (I)