Asesinato de equipo El Comercio fue porque no hubo 'canje' de presos de Oliver Sinesterra

Las investigaciones y testimonios de los detenidos por la justicia de Colombia confirmaron que los tres integrantes del equipo periodístico de El Comercio fueron ejecutados por la "negativa" del Gobierno Nacional de canjearlos por miembros de la organización criminal Oliver Sinesterra, liderada por Walter Arízala, alias Guacho, disidente de las FARC, que guardaban prisión en territorio nacional.

En Washington, el jueves pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó el 170 periodo de sesiones, y en una de ellas recibió a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, secuestrados y asesinados en la frontera colombo-ecuatoriana, por ese grupo criminal; así como a los representantes de los Estados de Colombia y Ecuador.

El objetivo era evaluar y dar seguimiento al trabajo del Equipo Especial de Seguimiento (ESE) que creó el órgano internacional, en el marco de las medidas cautelares que solicitaron las familias frente al suceso ocurrido entre marzo y junio del 2018.

Uno de los abogados de las víctimas, Juan Pablo Albán, aclaró a las autoridades colombianas que el secuestro y muerte no se dio por un caso "fortuito", sino porque los Estados no implementaron medidas de protección para la actividad periodística.

Pero, Claudia Carrasquilla, directora nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía de Colombia decidió contar lo que concluyeron tras las investigaciones y testimonios de varios de los detenidos, afines a Guacho.

"No lo quise decir, pero en vista a la información de que se da que (fueron asesinados) por la actividad de periodistas. (...) Concluimos que el homicidio no ocurre por su función como periodistas, toda vez que en las declaraciones, interrogatorios de la organización, que la muerte sobreviene a la negativa del Gobierno ecuatoriano de canjear tres presos, que tenían por los atentados que tenían en San Lorenzo (Esmeraldas). Esa es la razón por la que Guacho da la orden de ejecutarlos. Él (Guacho) inicialmente solicita que se trasladen a territorio colombiano aduciendo que le recibieran una entrevista, pero posteriormente lo que buscaban era presionar al gobierno ecuatoriano para el canje", detalló.

En un relato que hizo de los hechos, la funcionaria colombiana contó que el detenido Jesús Vargas Guajiboy, alias 'Reinel', miembro de Oliver Sinesterra, en su testimonio narró que dos personas de nacionalidad ecuatoriana habían recibido la orden de "matar a cualquier persona extraña que llegara a la zona en Ecuador. Se elevó la consulta a Guacho de, qué hacen con los retenidos, dando la orden de llevarlos a territorio colombiano, pasando por la zona de el Playón con el fin que se le hiciera una entrevista; ordenando posteriormente su ejecución en razón a una situación que se venía presentando con el gobierno ecuatoriano".

La audiencia que estaba presidida por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño se tornó tensa tras escuchar la intervención del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, quien acudió en representación del Estado ecuatoriano.

Salvador pidió que se levante y archiven las medidas cautelares, y en su exposición aseguró que el "secuestro, cautiverio y asesinato se produjeron en territorio colombiano".

Pero Carrasquilla, en su intervención, indicó que el secuestro empezó en la zona de Mataje en Ecuador.

Polémica por la documentación

Salvador expresó preocupación porque no hay una "imparcialidad garantizada" por el trabajo del ESE, porque por ejemplo, uno de los expertos es de nacionalidad colombiana; además de que el tiempo dedicado a la investigación "ha sido mínimo, limitándose a una revisión de los expedientes y no a un acompañamiento de la investigación".

Dijo también que el Estado ha otorgado acceso a la información que reposa en la Fiscalía General "sin limitaciones de tiempo o espacio"; y entre sus cuestionamientos, advirtió que el Estado ecuatoriano no permitirá que se realice un peritaje a la seguridad en la zona de frontera en Mataje (Esmeraldas), porque no había sido parte del plan de trabajo que se presentó en un inicio.

Solicitó también que el ESE concluya su labor antes del 31 de diciembre de 2018, y que en las primeras semanas de enero entregue su informe final.

"El Estado espera un informe que sea respaldado en la documentación recabada por el ESE. Preocupan la divulgación de información de que ha sido prohibida la cobertura periodística a la zona de Mataje, afirmación que no responde a la información oficial, y que podrá contrastarse con la información del paso de equipos periodísticos y la resolución del toque de queda del COE cantonal", expresó.

El relator de la CIDH Édison Lanza rechazó sus declaraciones e indicó que el peritaje se había planteado desde un primer momento, y que no es verdad que el ESE haya tenido acceso "irrestricto" a la documentación judicial en investigación.

Incluso contó que el ex fiscal general Paúl Pérez no les envió copias de los expedientes, pese a que los jueces ecuatorianos habían aclarado que no requerían levantamiento de la reseva de información.

"No se pudo acceder a la documentación más de un mes y medio, porque el fiscal dijo que se requería levantamiento de reserva, pero los jueces habían informado que no era necesario. Se pidieron las copias y se dijo que la interpretación del fiscal era que no se puede enviar copias, por lo que los equipos debieron trasladarse (a Quito) para leer la investigación, aun así hay una parte del expediente a la que no se ha podido acceder, como es las interceptaciones de las comunicaciones", afirmó el relator de la CIDH.

Albán pidió a la Comisión que no se levante las medidas cautelares, ni que el trabajo del ESE termine, "pedimos que se extienda para que la investigación esclarezca".

Incluso, el hijo de Efraín Segarra, Patricio Segarra, pidió un informe final "estructurado", y se preguntó: "¿por qué hubo equipos periodísticos que no pasaron (a Mataje) y por qué el equipo del diario El Comercio sí?".

César Ricaurte, delegado de la organización no gubernamental Fundamedios, quien también acudió a la audiencia, reprochó a Salvador por supuestamente actuar con "insensibilidad de dejar esto en la impunidad, y vienen de un Estado que durante diez años agredió a los periodistas. Su intervención nos causa un dolor profundo".

En un comunicado divulgado por Nos Faltan Tres, una agrupación que reúne a amigos y familiares de las víctimas, se recalcó que el Estado ecuatoriano "no ha podido demostrar que sus funcionarios tomaron las acciones necesarias ni agotó todos los recursos para traer con vida a Javier, Paúl y Efraín". (I)