Personas afectadas por la usura en varias provincias del país llegaron esta mañana a los bajos del Consejo de la Judicatura (CJ), al norte de Quito, para pedir que les reciba el pleno del consejo y así poder hablar de sus casos, los cuales -aseguran- estarían "plagados de irregularidades"

Susana Salas, presidenta del colectivo que agrupa a los afectados de Pichincha, explicó que el objetivo del plantón es pedir a las autoridades que se revise cada uno de sus casos y, si es posible, se logre la reapertura de ellos.

La dirigente sostiene que la respuesta que reciben de los jueces, para no avanzar las causas, es que estas han prescrito.

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"Cuando llegamos a la Fiscalía con nuestros casos nos dicen que la causa está prescrita. Cuando estamos a punto de condenar a esta gente que es usurera nos dicen que la causa está prescrita. En este país no hacen cumplir la ley que dice que la usura no prescribe", apuntó Salas, a quien le quitaron una casa de $200.000 por una deuda que fue pagada de $10.000.

En el plantón se hicieron presentes representantes de asociaciones víctimas de la usura de Gualaceo, Gualaquiza, Pichincha y Morona Santiago. (I)