En San Lorenzo, norte de Esmeraldas, solo se habla del tanque bomba de fabricación casera que explotó, la mañana del martes último, matando a tres militares e hiriendo a otros once (a uno incluso le cercenó las piernas). Los infantes de Marina iban desde Mataje Pueblo Nuevo a Mataje Viejo, en una patrulla de control.

Martha Q., mientras barría la vereda frente a su local, le decía a su vecina Laura C. que si llegó la muerte de militares, no está muy lejos que “esa gente” –refiriéndose a quienes atacaron a la patrulla militar– busque hacer daño a los civiles. Ambas creen que si no se acaba de raíz este problema, “los malos no” van a tener límites.

Las mujeres paran su conversación al ver que diez agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía salían de hacer una inspección de seguridad en el edificio de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo. Poco antes, con canes antiexplosivos, también fueron revisadas las oficinas del Municipio local.

Agentes de otras unidades especiales de inteligencia de la Policía formaban cerca del puerto para delinear tareas del día, mientras que un helicóptero militar sobrevolaba la zona. Militares a bordo de camiones recorrían la ciudad y personal policial comunitario daba rondas a pie y en patrulleros.

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“Uno no sabe si es bueno o malo que existan tantos policías y militares en la zona”, decía Leo Rodríguez, al reflexionar sobre los atentados registrados desde el 27 de enero pasado que se han dado contra objetivos policiales o militares en la frontera norte.

Paso restringido

Desde el martes, día del ataque, la entrada a Mataje se encuentra restringida para quienes llegan por la vía principal y son extraños a la zona. La mañana de ayer un retén con infantes de Marina armados informaba de la prohibición e inmediatamente registraban los carros y la carga que se lleva.

Los nombres de quienes llegan hasta ese sitio son anotados en una bitácora, así no pasen del retén. Quienes pueden entrar y salir, bajo fuerte control de las identidades y la carga que llevan, son los pobladores de Mataje y de Puerto Colombia (al otro lado del río Mataje, en territorio colombiano). Uno de los agentes que participa en el operativo de control explicaba que todos son revisados, pues “no pueden confiar en nadie”.

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Los documentos solicitados eran validados por los uniformados por medio de preguntas a sus portadores, se toman fotos de los documentos y se los registraba en bitácora militar.

La venezolana Eluz Díaz y la colombiana Ruth Salinas, junto a su hijo de 8 años, fueron parte de las personas que atravesaron el control de los navales, tras caminar unos 20 minutos porque no hay carros que entren a Mataje, apuntaban. Sus documentos y sus maletas fueron revisados por los militares y ellas no ponían reparo, pues tenían claro del estado de excepción que se vivía en esta parte del territorio ecuatoriano. (I)