La sala de audiencias 209 del Complejo Judicial del Azuay fue el lugar donde ayer se retomó la audiencia preparatoria de juicio en contra de 42 policías acusados del delito de tortura por la Fiscalía.

Esto es por su actuación y presunta responsabilidad durante un operativo realizado en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) ubicado en la parroquia rural Turi.

En una primera instancia los policías fueron sobreseídos porque el juez consideró que aunque hubo delito no se pudo determinar a los responsables, incluso se cambió la figura legal de tortura a extralimitación de funciones.

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Sin embargo, en octubre pasado la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay aceptó una apelación y el caso volvió a investigarse. El argumento para ello fue que la duración de la instrucción fiscal superó el tiempo legalmente establecido.

La audiencia, que preside el juez William Sangolquí, se instaló a las 09:20 y en primera instancia escuchó a la fiscal Carolina Ruiz, quien acusó a todos los policías involucrados por el delito de tortura.

Identificó a cada uno y con base en testimonios de los internos expuso su presunta participación en el operativo realizado el 31 de mayo de 2016 en el pabellón de mediana seguridad JC.

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Ese día, los agentes golpearon a los internos, los desnudaron, los maltrataron y los hicieron hacer el ‘salto del sapito’ para encontrar objetos ilícitos como celulares o droga dentro del cuerpo, aseguró la fiscal.

Según Ruiz, ese día el operativo estaba liderado por un jefe y tres oficiales, ninguno de ellos evitó la golpiza, situación que se evidenció en un video filtrado en redes sociales.

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Tras escuchar los alegatos intervinieron los abogados defensores de los procesados que rebatieron a la Fiscalía.

Los agentes involucrados en el operativo pertenecían a la Unidad del Mantenimiento del Orden, según se observa en el video y consta en el proceso. En un inicio se investigó a 49 policías por tortura, pero cuando se cambió la figura legal a extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, el número de procesados bajó. (I)

Proceso

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia aceptó el pasado 11 de octubre la apelación en este caso. El proceso sustanciado por el delito de extralimitación del ejercicio de un servicio fue anulado por la duración de la instrucción fiscal: 165 días.

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El proceso fue anulado porque el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal demanda que la fase de instrucción fiscal dure máximo 120 días. Es decir, el proceso excedió de este periodo.