Los grandes donantes políticos estadounidenses también se metieron en el juego offshore

En junio del 2013, The Wall Street Journal le preguntó al megadonante republicano Warren Stephens sobre la situación de las pequeñas empresas en Estados Unidos. El magnate bancario de Arkansas dijo que estaban siendo exprimidas por una regulación federal excesiva, y destacó a una agencia en particular: la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFBP, por sus siglas en inglés).

"Las historias que escuchamos al respecto son bastante aterradoras", dijo el multimillonario.

Lo que no se mencionó: En ese momento, el mismo organismo de control federal al que Stephens le estaba dando una paliza se hallaba investigando las prácticas de un ‘payday lender [empresa especializada en hacer avances en efectivo con muy elevados intereses] que funcionaba por internet y que había sido parte de su imperio empresarial.

Una filtración de registros financieros offshore reveló que Stephens había usado silenciosamente un conjunto de fondos fiduciarios familiares para comprar una alta participación en la matriz de la compañía de préstamos Integrity Advance durante el tiempo en que, según la agencia federal, el prestamista estafó a decenas de miles de consumidores. La agencia dice que Integrity Advance violó la ley al engañar a los prestatarios acerca de los altos costos de sus préstamos y extraer dinero agresivamente de sus cuentas bancarias.

Los detalles de los vínculos de Stephens con el ‘payday lender’ fueron descubiertos en un trabajo conjunto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y medios asociados de todo el mundo. Las revelaciones salieron de millones de archivos filtrados del bufete de abogados offshore Appleby Global y el proveedor de servicios corporativos Estera, dos negocios que operaron juntos bajo el nombre Appleby hasta que Estera se independizó en 2016. Los registros fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

A través de un portavoz, Stephens rehusó hacer comentarios para esta historia.

Republicanos y demócratas

Stephens es uno de una constelación de grandes donantes políticos de Estados Unidos conectados a compañías offshore que aparecen en los archivos internos de la firma de abogados.

La lista incluye algunos de los principales donantes del presidente Donald Trump, que canalizaron en conjunto cerca de 60 millones de dólares a organizaciones que apoyaron su campaña y el período de transición [entre la elección y la posesión]. Entre ellos están el magnate de los casinos Sheldon Adelson, el propietario del resort Steve Wynn, los administradores de fondos de cobertura Robert Mercer y Paul Singer y los inversionistas de capital privado Tom Barrack, Stephen Schwarzman y Carl Icahn.

Destacados donantes demócratas aparecen también en los archivos de la firma de abogados

Los documentos plantean interrogantes sobre si la donante demócrata Penny Pritzker siguió correctamente las normas federales de ética que buscan limitar la participación de los políticos en asuntos gubernamentales que podrían afectar sus activos financieros. Pritzker se comprometió a desprenderse de más de 200 compañías después de ser confirmada como Secretaria de Comercio del presidente Barack Obama en 2013. Los archivos revisados por ICIJ muestran que, en dos casos, Pritzker transfirió activos a una compañía de propiedad del fondo fiduciario de sus hijos. Los documentos muestran que la empresa tiene la misma dirección postal en Chicago que la empresa de gestión de inversiones de Pritzker.

Es posible que estas transferencias no hayan eliminado los conflictos potenciales en cuestión y que hayan entrado en conflicto con las normas federales de ética, según Lawrence Noble, director de ética en el Campaign Legal Center, una organización no partidista y sin fines de lucro. Los registros públicos indican que uno de sus hijos tenía menos de 21 años cuando se transfirieron los activos, lo que significa que estos aún podían ser atribuibles a la propia Pritzker. "En circunstancias normales, si uno de los beneficiarios es menor de 21 años y aún es un hijo dependiente, no cumple con el estándar de desinversión de activos", dijo Noble.

Un vocero de Pritzker no respondió a numerosas llamadas y correos electrónicos pidiendo comentarios.

Los fondos de capital privado controlados por el megadonante demócrata George Soros usaron Appleby para ayudar a administrar una red de entidades offshore. Un documento detalla la compleja estructura de propiedad de una compañía llamada S Re Ltd que estuvo involucrada en reaseguros, o seguros para aseguradoras. La estructura, según se puede ver en un gráfico existente en los archivos, incluye entidades basadas en los paraísos fiscales de Bermuda y las Islas Vírgenes Británicas.

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Un portavoz de Soros, quien ha donado dinero a ICIJ y a otras agencias periodísticas a través de su organización benéfica Open Society Foundations, no quiso hacer ningún comentario para esta historia.

Las revelaciones de los documentos filtrados sobre las actividades offshore de los principales donantes políticos estadounidenses subrayan las preocupaciones acerca de la forma en que el sistema global de paraísos fiscales ayuda a los ricos y poderosos a realizar operaciones que, a pesar de ser legales, les brindan ventajas que no están disponibles para el ciudadano promedio.

En los últimos años, Warren Stephens ha sido un donante político cada vez más generoso. Durante el último ciclo de elecciones federales, Stephens dio más de 13 millones de dólares a grupos y candidatos conservadores, lo que le convirtió en el octavo benefactor republicano más grande durante la campaña. Stephens se opuso a Trump en la campaña presidencial, y donó millones de dólares a grupos anti-Trump.

Stephens también dio dinero a los grupos que han luchado para debilitar la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, que fue creada a instancias de la administración Obama después de la crisis financiera de 2008. Durante la campaña del año pasado, Stephens contribuyó con más de 3 millones de dólares al Club for Growth, un comité conservador de acción política que ha presionado para que el Congreso elimine los poderes de reglamentación y aplicación de la CFPB. El año pasado, Stephens fue nombrado presidente de finanzas de la campaña de French Hill, un congresista republicano de Arkansas que ha sido un feroz opositor de la CFPB.

Junto con la financiación de batallas partidistas en Washington, Stephens ha utilizado su banco de inversión, Stephens Inc., para lanzar una serie de videos en línea que buscan mejorar la opinión de los millennials sobre la economía de libre mercado. La serie pretende inspirar a los espectadores a "celebrar el capitalismo, su contrato social inherente y lo bueno que puede hacer por nuestra sociedad", según Stephens. Él dice que su objetivo es revertir la noción creciente de que el mercado libre es "un sistema que enriquece a unos pocos a expensas de muchos".

Batallas de ‘payday’

La batalla por los préstamos ‘payday’ comenzó mucho antes de que la participación de Stephens en este sector de la industria estuviera bajo el radar.

Los ‘payday lenders’ hacen préstamos pequeños, a menudo de 500 dólares o menos, a prestatarios que necesitan dinero rápido. Los reguladores estatales han acusado a muchos operadores de ‘payday’ de atrapar clientes en ciclos de deudas sobrevaluadas. Algunos prestamistas de ‘payday’ han intentado eludir el escrutinio de las autoridades estatales usando bancos comerciales e incluso tribus nativas de Estados Unidos como organizaciones de fachada para ellos.

A finales de 2011, los representantes de Stephens y su socio comercial, James Carnes, se pusieron en contacto con Appleby para incorporar dos entidades offshore para una nueva empresa relacionada con préstamos de pequeña cuantía. La correspondencia incluyó un grupo de documentos que detallan la copropiedad de la pareja en la compañía matriz de Integrity Advance, Hayfield Investment Partners. Los documentos afirmaban que Stephens había realizado una "inversión significativa" en la compañía en el 2008, lo que le llevó a poseer más de un tercio de Hayfield en 2012. Otro documento decía que los "dos controladores principales [de Hayfield] son Warren Stephens y James Carnes".

El conjunto de documentos filtrados muestra que Stephens invirtió en la operación de préstamo a través principalmente de tres fideicomisos familiares, que invirtieron más de 13 millones de dólares en Hayfield. Dos fondos de inversión con direcciones registradas en la sede central de Stephens Inc. contribuyeron con 1,7 millones de dólares adicionales, según los registros.

Los documentos también muestran que varios ejecutivos de Stephens Inc. y otros conocidos de Warren Stephens invirtieron también en Hayfield a través de una compañía asociada con Stephens. Entre ellos estaba la estrella de golf Phil Mickelson, quien aportó 12.000 dólares, según los documentos.

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En su acción legal contra Integrity Advance, la CFPB hizo énfasis en el 52% que tenía Carnes en Hayfield –empresa que obtuvo la mayor parte de sus ganancias de Integrity Advance–, así como en el hecho de que él fuera el administrador del prestamista. Parece que ni los reguladores financieros, ni los medios de comunicación han mencionado alguna vez la importante participación de Stephens en Hayfield.

Citando un litigio pendiente, un vocero de James Carnes se negó a proporcionar comentarios para este informe.

Quejas del prestatario

A medida que el negocio de Integrity Advance creció, también lo hicieron las quejas presentadas a los reguladores estatales por sus prestatarios en todo el país. Para noviembre de 2012 Integrity Advance había recibido cartas de ‘cese y desista’ [un documento enviado a personas o empresas para que suspendan sus actividades] de los reguladores estatales en Connecticut, Kentucky, Illinois, Mississippi y Carolina del Sur, según un documento federal. En mayo de 2013, un tribunal del distrito de Minnesota ordenó a la compañía pagar casi 8 millones en multas civiles y restitución de víctimas, afirmando que la empresa había elegido como blanco “a algunos de los ciudadanos más vulnerables financieramente del estado" con tasas de interés hasta de 1.369%.

Al fallar contra Integrity Advance, el tribunal de Minnesota describió un proceso: los prestatarios encontraron Integrity Advance en internet, solicitaron pequeños préstamos y luego sufrieron grandes retiros de sus cuentas bancarias por concepto de intereses y tarifas de servicios. Después de varios meses, tales costos por sí solos podrían exceder la cantidad que habían pedido originalmente.

Un prestatario, Nils Paul Warren, técnico de audio que trabajaba para NASCAR en Orlando, Florida, se quejó ante los reguladores financieros del estado de que se había visto obligado a desembolsar más de 1.300 dólares para pagar un préstamo en línea a corto plazo de 500 dólares que obtuvo de Integrity Advance en 2009 –una suma mucho más alta de lo que esperaba o creía legal–. "Creo que la mayor parte de sus clientes son personas que están a la distancia de un sueldo para quedarse sin techo", le dijo Warren a ICIJ en una entrevista reciente.

Warren recuerda haberle dicho a un representante de Integrity Advance: "Le estás haciendo esto a personas en mala situación, a personas que sabes que no pueden pagar, ¿y te estás aprovechando de ellas aún más?".

El estado nunca respondió a su queja

Warren no fue el único prestatario que se puso en contacto con los funcionarios del estado sobre el prestamista. Una solicitud de registros públicos que presentó ICIJ a reguladores estatales en todo el país arrojó docenas de quejas de consumidores sobre las prácticas de préstamos y cobranzas de la compañía.

"Me he sentido devastado con esta situación y al borde del desalojo debido a las tarifas ilegales", afirmó una queja de un prestatario de Michigan, quien alegó que se había sentido acosado por los cobradores del préstamo de Integrity Advance. "Ellos siguen llamándome al trabajo", escribió una mujer de Ohio en una queja que alegaba que ya había pagado un total de 956 dólares por un préstamo de 400 dólares. Según ella, al principio los cobradores del préstamo "le dijeron que eran del FBI".

Los registros públicos muestran que Integrity Advance respondió a las quejas de Michigan y Ohio con cartas casi idénticas, que niegan categóricamente las acusaciones y declaran que actuaron “en todo momento de manera adecuada y de conformidad con nuestros compromisos contractuales y la ley aplicable".

Las cartas indicaban que "sin la obligación de hacerlo", Integrity había "marcado su cuenta como 'pagada en su totalidad'" en el "entendimiento de que no podrán obtener crédito de Integrity en el futuro".

La CFPB Interviene

Finalmente, Integrity Advance sería perseguido a nivel nacional por sus prácticas crediticias. En enero de 2013, solo semanas después de que Stephens y Carnes vendieran grandes porciones de los activos de Hayfield al especialista en préstamos de empeño EZCORP, Inc., el organismo de control le envió una carta a Integrity Advance solicitando información sobre sus prácticas.

La carta habría alarmado cualquier negocio. No se trataba de un solitario y ya superado regulador estatal. Al contrario, la CFPB representaba a una nueva y poderosa fuerza en Washington: una agencia con jurisdicción nacional y con abogados dedicados exclusivamente a erradicar las prácticas abusivas de las firmas financieras que operan a través de las líneas estatales. La CFPB había sido creada en parte debido a las preocupaciones sobre las dificultades encontradas por las autoridades estatales que buscaban tomar medidas enérgicas contra los prestamistas de ‘payday’.

No todos celebraron la nueva agencia

A mediados de 2013, Stephens le dijo a un medio de negocios y política de Arkansas que el Buró para la Protección Financiera del Consumidor era "la cosa más mal llamada de todos los tiempos".

Los grupos financieros reclutaron a sus aliados republicanos para convertir al nuevo ‘perro guardián’ en un objetivo clave en la campaña para desmantelar el legado regulador de la administración Obama.

La CFPB ha tenido que defenderse contra sucesivos desafíos legales basados en la afirmación de que no tiene derecho constitucional a existir. Las batallas judiciales se han combinado con intentos de volver a la opinión pública en su contra. Un grupo lanzó el año pasado varios anuncios criticando a la agencia y alentando a la gente a escribir a sus miembros del Congreso para poner fin a sus "prácticas abusivas".

Durante la campaña presidencial, Donald Trump se comprometió a deshacer las reformas promulgadas por la ley de reforma financiera Dodd-Frank de 2010, que estableció la CFPB. Con el ascenso de Trump a la presidencia, el futuro de la agencia es más incierto que nunca. En octubre de 2017 los republicanos del Senado votaron para bloquear una regla de la CFPB que habría facilitado a los clientes unirse para demandar a sus bancos. La votación fue considerada la mayor victoria hasta el momento para los intereses bancarios durante la administración Trump.

Hayfield y Appleby

La condición de líder de negocios multimillonario de Stephens no solo fue útil para organizar ataques contra el nuevo regulador financiero federal. Su estatus también fue útil para presentar a Hayfield como cliente de Appleby. Un plan de negocios confidencial que al parecer Hayfield envió a Appleby en noviembre de 2011 se jacta de que Stephens Inc. es "reconocida como una de las máximas autoridades" en la industria de financiamiento al consumidor en Estados Unidos.

Un memo interno de Appleby que evalúa a Hayfield se basa en los éxitos empresariales de Stephens y apunta a su fortuna personal estimada en 2.800 millones de dólares, afirmando que Stephens es el número "490 en la lista de los hombres más ricos del mundo".

Appleby optó por aceptar los negocios de Stephens. En el 2012, con el fin de verificar su identidad al registrar una nueva filial offshore de Hayfield, Stephens proporcionó a Appleby una copia escaneada de su pasaporte, una referencia personal e incluso su factura de electricidad. (Appleby ayudó a incorporar empresas offshore que figuraban como filiales separadas de Hayfield, pero no jugó ningún papel con Integrity Advance).

La evidencia públicamente disponible del vínculo de Stephens con Hayfield e Integrity Advance es escasa. Una pista fue la firma de un representante de Stephens Inc. que apareció en la parte inferior de una presentación a la SEC (la Comisión de Valores de Estados Unidos) de diciembre del 2012 que detalla la venta de los activos de Hayfield a EZCORP.

En los archivos de Appleby, el nombre de Stephens aparece repetidamente en un lenguaje que lo retrata, en su condición de inversionista, como una figura importante en los negocios de Hayfield: un detalle ausente en la narrativa pública.

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El único lugar en que se hace referencia a su firma en el expediente público de la CFPB es en una declaración de James Carnes, en la que se menciona un fondo de capital privado llamado "Stephens" del que dijo que tenía una alta participación en la empresa desde 2008.

A principios del 2013, la CFPB exigió formalmente que Integrity Advance entregara los nombres de cualquier persona que poseyera más del 5% de la empresa. En respuesta, la agencia recibió un cuadro que detallaba los nombres de varios de los principales propietarios de Hayfield. Hubo una excepción notable: Warren Stephens.

Cambio de estrategia

Una revisión de los documentos financieros y las declaraciones juradas de Carnes con respecto a sus propias ganancias indica que es probable que Stephens se haya beneficiado generosamente de su inversión en Hayfield. En los meses anteriores a su venta, Hayfield estaba contemplando en silencio un giro hacia una nueva y controvertida tendencia en la industria de ‘payday’, según los documentos de la firma Appleby.

En el 2011 y el 2012, según los registros, Hayfield Investment Partners habló con Appleby acerca de la incorporación de empresas offshore destinadas a proporcionar servicios de consultoría a tribus indígenas estadounidenses interesadas en convertirse en prestamistas en línea. Una nota de Appleby establece que el cliente inicial sería la Turtle Mountain Band de los indios Chippewa, que ocupa una reserva en el norte de Dakota del Norte.

Para solicitar secretamente a terceros proveedores de TI [tecnología de información] para los clientes, sin revelar los detalles sobre la propiedad del grupo consultor, según un memorando de Appleby, Carnes y Stephens establecerían una empresa de fachada llamada Black Oak Consulting que se registrarían en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso offshore conocido por su discreción en asuntos bancarios.

Posteriormente, la pareja incorporaría Rustic Hill Advisors en la Isla de Man, un pequeño paraíso fiscal ubicado entre Inglaterra e Irlanda del Norte. Rustic Hill proporcionaría la consultoría real a los clientes, con proveedores de servicios canalizados bajo un velo de confidencialidad por parte de Black Oak, indicaba la nota.

No está claro en los registros si los planes de Hayfield de trabajar con la Turtle Mountain Band u otros grupos de nativos estadounidenses se convirtieron en realidad. En respuesta a las preguntas sobre las consultorías offshore, un portavoz de la Turtle Mountain Band de los indios Chippewa dijo que no pudo encontrar ningún registro de haber hecho negocios con esas entidades.

Hayfield y su filial, Integrity Advance, tuvieron pronto otros problemas. En noviembre del 2015, la CFPB formuló cargos contra Integrity Advance y Carnes, alegando un esfuerzo continuo y sistemático para engañar a los prestatarios desde su fundación en el 2008 hasta que dejó de emitir préstamos en diciembre del 2012.

En el 2016, un juez de derecho administrativo emitió un fallo recomendando un pago de 50 millones de dólares en multas civiles y restitución a sus víctimas por parte de Carnes e Integrity Advance. (Tal recomendación precede a una determinación final sobre sanciones por parte del director de la CFPB).

Carnes e Integrity Advance están apelando la decisión, argumentando que "los hallazgos de hecho, las conclusiones de la ley y el alivio propuesto son arbitrarios, caprichosos, un abuso de discreción". Ellos también están contraatacando a la agencia, alegando que el organismo de control federal excedió su autoridad en la persecución de Integrity Advance porque el prestamista de ‘payday’ no está cubierto por el mandato del regulador.

La Oficina, afirma la contrademanda, está buscando “una aplicación retroactiva e inconstitucional de la ley”. La contrademanda, haciendo eco de los ataques más amplios de la industria financiera contra la CFPB, alega que el nombramiento en el 2012 del director de supervisión financiera, Richard Cordray, por parte del presidente Obama, fue inconstitucional. Citando el litigio pendiente, la CFPB se negó a proporcionar comentarios para este informe.

(Artículo de Spencer Woodman, traducción al español realizada por Univision Noticias para el resto de socios de ICIJ)